El tomate no es solo una hortaliza. Es empleo, es territorio, y es uno de los pilares históricos de la agricultura española y europea. Regiones como Almería, Granada, Murcia, Alicante o Canarias han construido un tejido económico y social alrededor de este cultivo, generando cientos de miles de empleos directos e indirectos. España ha sido durante años el primer proveedor de tomate del mercado comunitario. Sin embargo, hoy, el sector productor y exportador de tomate español atraviesa una de las situaciones más críticas de las últimas décadas, como consecuencia directa de una política comercial comunitaria que, lejos de proteger a los productores, está favoreciendo una competencia claramente desigual.
En la última década la producción española de tomate para consumo en fresco ha caído de forma alarmante, al tiempo que se ha reducido la exportación a la Unión Europea y se han disparado las importaciones procedentes de Marruecos.
En los últimos diez años, en España la producción de tomate para el mercado interior de fresco ha caído un 33%, pasando de 2,4 millones de toneladas 1.6 millones de toneladas en 2025.
La exportación española de tomate a la Unión Europea ha caído un 34%, pasando de 763.846 toneladas en 2016 a 502.460 toneladas en 2025, (excluyendo a Reino Unido) mientras que las importaciones españolas de tomate de Marruecos han crecido un 149%, pasando de 35.727 toneladas en 2016 a 87.604 toneladas en 2025.
En el mercado comunitario la presencia española se ha ido debilitando, siendo sustituida como primer proveedor de tomate desde 2022 por Marruecos. Las exportaciones de tomate de Marruecos a la UE desde 2012, cuando entró en vigor el protocolo agrícola del Acuerdo de Asociación y se exportaron 347.353 toneladas, ha aumentado a 526.581 toneladas en 2025, un 52%. En los últimos diez años, las compras comunitarias han pasado de 393.937 toneladas en 2016 a 526.581, un 34% más.
Asimetría regulatoria
Este retroceso no es fruto del azar ni de una falta de competitividad del productor español. Al contrario, se produce en un contexto en el que a los agricultores comunitarios se les exige cumplir normas laborales, sociales, medioambientales y fitosanitarias cada vez más estrictas —y necesarias—, mientras que los productos importados de terceros países acceden al mercado europeo sin estar sujetos a esas mismas obligaciones.
El resultado es una asimetría regulatoria que genera, en nuestra opinión, competencia desleal y que expulsa progresivamente al productor europeo de su propio mercado. A ello se suma la cuestionada eficacia de los mecanismos de control. Las cláusulas de salvaguardia incluidas en los acuerdos comerciales rara vez se activan, incluso cuando el mercado presenta claros signos de distorsión.
Sin mencionar también las dicotomías en las que incurre la propia Comisión Europea. Mientras que la UE trabajamos por una mayor eficiencia hídrica en los cultivos, con el fin de dar respuesta a la reducción de agua disponible y a la demanda de la sociedad de mayor sostenibilidad, en Marruecos, la CE propone lo contrario, facilitando el cultivo en el Sahara que, como todos sabemos, es un desierto.
Extensión de ventajas arancelarias al Sahara
La situación se ha agravado recientemente porque la CE ha sorteado, en beneficio de Marruecos, dos sentencias que el Tribunal de Justicia de la UE dictó el 4 de octubre de 2024 que establecían claramente que dicho territorio no forma parte del país magrebí.
La sentencia del 4 de octubre del TJUE relativa a los asuntos acumulados C-779/21 y C-799/21 establecía la exclusión del tomate producido en el Sahara de las ventajas arancelarias incluidas en el Acuerdo de Asociación de la UE con Marruecos, y la sentencia de la misma fecha, relativa al asunto C-399/22 establecía la obligatoriedad de indicar el país de origen o lugar de procedencia de los alimentos producidos en el Sahara, puesto que ambos fallos consideraban el Sahara un territorio independiente de Marruecos. Ambas resoluciones fueron valoradas positivamente por FEPEX puesto que protegían a los productores comunitarios frente a una situación injusta y de consecuencias nefastas.
No obstante, la Comisión Europea, en negociación directa con Marruecos, ha cambiado la esencia de ambos fallos. Por un lado, y con relación a la primera sentencia del TJUE, el nuevo Acuerdo acepta que las producciones del Sahara Occidental se beneficien de las ventajas arancelarias incluidas en el Acuerdo de Asociación con Marruecos, como si fueran territorio marroquí.
Por otro lado, con relación al segundo fallo, para sortear la obligatoriedad de que las producciones del Sahara llevaran este nombre en el etiquetado de origen, la Comisión presentó el 16 de octubre de 2025 una modificación Reglamento delegado 2023/2429 sobre normas de comercialización de frutas y hortalizas que autoriza a que las producciones procedentes del Sahara Occidental no lleven este indicativo de origen y se etiqueten con el nombre de las regiones de procedencia, de manera contraria, no sólo al fallo de la sentencia del TJUE, sino también a la normativa comunitaria de etiquetado, que exige que aparezca el país de origen. Esta modificación fue aprobada por el pleno del PE del pasado 26 de noviembre. Se priva así al consumidor europeo de una información veraz y transparente, y se vulneran principios básicos del derecho comunitario.
Desde FEPEX consideramos especialmente grave que estas decisiones se hayan adoptado de forma acelerada, con escaso debate público y marginando a instituciones fundamentales como el Parlamento Europeo y el Consejo. La política comercial de la Unión no puede construirse a espaldas de los sectores afectados ni ignorando el impacto económico, social y territorial que estas decisiones tienen sobre miles de productores. En este contexto, el Parlamento Europeo se convierte en la última garantía democrática para evitar que estas decisiones se consoliden.
Tras el tomate, el resto de hortalizas
Lo que ocurre con el tomate anticipa lo que puede pasar con otros productos. Según un documento de trabajo de la propia Comisión Europea en 2024 sobre la aplicación el acuerdo entre la UE y el Reino de Marruecos, el objetivo de las autoridades marroquíes es incrementar la superficie de regadío del Sahara Occidental en 13.000 hectáreas, permitiendo así incrementar la producción agrícola en más de un 1.000 %. El impacto para la producción de tomate será mayúsculo, puesto que supondría pasar de 87.000 toneladas producidas en 2022 (año analizado en el informe de la CE) a 957.000 toneladas en 2030.
Pero esto no afectará sólo al tomate sino también al resto de hortalizas, cuya producción también crecerá, siendo su destino prioritario el mercado comunitario, en el que España quedará relegada. La tendencia supondrá la falta de viabilidad económica para las explotaciones pequeñas, la base de importantes regiones productoras como Almería, e inevitablemente afectará a también a las grandes empresas. Las consecuencias, creo, que no se han valorado con suficiente detenimiento por las autoridades, especialmente las comunitarias. Dependeremos más de los países terceros y perdemos la tan renombrada soberanía alimentaria, que se está quedando en una frase para los discursos.
Por ello, desde FEPEX consideramos que el Parlamento Europeo no debe ratificar el Acuerdo de Asociación del mes de octubre. Consideramos también imprescindible que las instituciones europeas aseguren un régimen aduanero y de control diferenciado para las producciones originarias del Sahara Occidental y eviten que la política comercial de la UE contribuya, directa o indirectamente, a consolidar un modelo productivo que se apoya en asimetrías regulatorias incompatibles con los valores y principios de la UE.