Cada 26 de abril se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Una fecha que invita a reflexionar, pero que en el contexto actual exige algo más: tomar decisiones.
Porque en una economía cada vez más digital, la propiedad intelectual no es solo un derecho. Es una infraestructura económica crítica y, sin embargo, en España seguimos teniendo un problema estructural: generamos valor, pero no siempre somos capaces de protegerlo.
El fraude audiovisual es hoy la expresión más evidente de esa brecha. No se trata de una cuestión cultural ni marginal, es un desafío económico, industrial y de Estado, tal y como han reconocido las propias empresas del sector en el marco de CEOE.
En una economía cada vez más digital, la propiedad intelectual no es solo un derecho
Los datos son elocuentes y hablan de 7.800 accesos, con un impacto económico de hasta 3.000 millones de euros al año en España, además de 400 millones de euros de recaudación fiscal para el Estado. En términos de empleo, se calcula que rondan los 180.000 puestos de trabajo afectados.
Por tanto, hablamos de un grave problema que se puede cuantificar y que, en todo caso, también nos hace pensar en inversiones que no llegan por culpa del fraude, por empleos que no se llegan a crear y en actividad económica que se desvía a otros países.
Para entender la dimensión real del problema, conviene también ir a la base del modelo. Tanto en la industria cultural como en el deporte profesional, una parte sustancial de la financiación depende de los derechos de propiedad intelectual y, en particular, de los derechos audiovisuales.
En el deporte, estos constituyen la principal fuente de ingresos. En España, la comercialización de los derechos de retransmisión genera en torno a 1.400 millones de euros por temporada, siendo en muchos casos el pilar financiero que sostiene a clubes y competiciones.
En la industria audiovisual, la lógica es equivalente: la inversión en contenidos, desde producción hasta distribución, se articula sobre la capacidad de explotar y monetizar esos derechos en distintos mercados y ventanas.
En España, la comercialización de los derechos de retransmisión genera en torno a 1.400 millones de euros por temporada
La conclusión es estructural, no sectorial: la propiedad intelectual no es solo un marco jurídico, es el mecanismo de financiación de la economía de la creación. Cuando ese mecanismo se debilita, se resiente toda la cadena de valor.
La escala del problema refuerza además su carácter sistémico. España presenta niveles de piratería superiores a la media europea, con especial incidencia entre los jóvenes, donde en torno al 45% consume contenidos deportivos de forma ilegal.
Esto, unido a la sofisticación tecnológica de las plataformas ilícitas, capaces de replicar la experiencia de usuario y monetizar a escala, configura un escenario en el que el fraude ha dejado de ser comportamiento individual para convertirse en un modelo económico paralelo.
En este contexto, el movimiento empresarial adquiere especial relevancia. En el marco de CEOE, la Alianza por la Creación ha permitido articular una respuesta basada en el reconocimiento del fraude audiovisual como amenaza estructural; el compromiso de avanzar desde la unidad de acción; y el desarrollo de una hoja de ruta común.
Esa hoja de ruta se articula en líneas operativas claras, como el bloqueo ágil de contenidos ilícitos, especialmente en directo; el refuerzo de la responsabilidad de intermediarios digitales; la mejora de los mecanismos administrativos y judiciales; el impulso de la colaboración público-privada; y estrategias de concienciación social.
Por tanto, bajo los principios esenciales de tolerancia cero frente a la piratería y corresponsabilidad de todos los actores, la Alianza aporta un valor fundamental, no solo como fuente de diagnóstico, sino como herramienta para el acuerdo operativo.
Dicho de otro modo, la Alianza surge como respuesta a la brecha entre la rapidez del fraude -inmediata, global, tecnológica- y la capacidad de respuesta -lenta, fragmentada, insuficiente-.
En un momento en el que Europa sitúa la competitividad en el centro de su agenda, conviene recordar una idea básica: no hay mercado eficiente si no se protege el valor. Por tanto, la propiedad intelectual no es, por tanto, un asunto sectorial. Es una decisión de política económica.
España ha demostrado capacidad para generar contenidos, talento e inversión. Pero esa capacidad depende de que el valor generado pueda ser revertidos a quienes lo crean. Permitir que ese valor se desplace hacia circuitos ilegales implica aceptar una pérdida estructural de eficiencia económica.
El Día Mundial de la Propiedad Intelectual no debería quedarse en una conmemoración. Debería ser un punto de inflexión. Porque proteger los derechos no es solo proteger a los creadores. Es proteger la inversión, el empleo y la competitividad. Es proteger la cultura y el deporte.
El fraude audiovisual es hoy uno de los principales puntos de fuga de valor de la economía digital española
El fraude audiovisual es hoy uno de los principales puntos de fuga de valor de la economía digital española. Y, por primera vez en mucho tiempo, existe un elemento diferencial: una posición empresarial común, articulada y operativa.
La cuestión ya no es si el problema existe. La cuestión es si estamos dispuestos a abordarlo con la ambición que exige.
SOBRE LA FIRMA
Inma Benito es directora de Turismo, Cultura y Deporte de CEOE.