La caída del muro de Berlín en 1989 fue el símbolo de una promesa de libertad y unidad para muchos ciudadanos del este que habían crecido bajo el yugo del comunismo, y una confirmación de la fuerza de los valores democráticos para todos los europeos. Varias generaciones habían pasado sus vidas entre fronteras cerradas y un régimen represivo, anhelando libertad. Esa promesa de libertad se vio cumplida en el este de Europa con la entrada en la OTAN, vital para su defensa, y cuando cobró vida el sueño largamente acariciado de ingresar en la UE.
Pero la exclusión continuada de algunos Estados miembros del Espacio Schengen –los 27 países europeos que han abolido los controles fronterizos internos– socava hoy por hoy los propios principios sobre los que se fundó la UE. Algunos ciudadanos europeos –desde luego, los de Bulgaria y Rumanía—aún se sienten miembros de segunda clase de esta Unión. ¿Por qué no son parte sus países de una de las grandes promesas de la UE, la circulación libre de personas dentro de sus fronteras?
Varias generaciones habían pasado sus vidas entre fronteras cerradas y un régimen represivo, anhelando libertad
Un argumento que se menciona a menudo para tratar de justificar esta situación es el temor a que los ciudadanos de países recién incluidos en la UE puedan llegar a explotar los sistemas de bienestar de otros Estados miembros. Pero este temor se basa en incidentes aislados que en ningún caso representan a sociedades ni países en general. En todo caso, pueden y deben establecerse marcos reguladores para evitar tales abusos, con mecanismos que aseguren el estricto cumplimiento de las normas.
Otro argumento sostiene que existen dudas razonables sobre la capacidad de algunos Estados miembros para gestionar eficazmente sus fronteras, sobre todo en lo que se refiere a la tramitación de los solicitantes de asilo y la lucha contra la corrupción. Pero estos problemas no se limitan a un solo país. Como demuestran las cifras de inmigración, nadie puede hacer frente a estos problemas por sí solo, y pretender trasladar la culpa de los problemas en materia de política migratoria a países fuera de Schengen es pura miopía política interesada.
Las recientes votaciones en el Parlamento Europeo subrayan la urgencia de esta cuestión. Con una mayoría abrumadora, los eurodiputados hemos pedido la adhesión de Bulgaria y Rumanía a Schengen para finales de 2023. Ambos cumplen los criterios necesarios desde hace años y no entendemos la decisión de algunos países de rechazar su adhesión sin ofrecer ninguna justificación jurídica válida.
Esta exclusión no es meramente simbólica: no es sólo la última barrera fronteriza cerrada ante la plena unidad europea de Bulgaria y Rumanía. También impone costes reales a empresas y ciudadanos, contribuyendo aún más a las disparidades sociales y económicas. Por ejemplo, los viajes y el comercio se ven obstaculizados por retrasos que pueden durar de horas a días, frente a una espera media de 10 minutos dentro del espacio Schengen. Esto es especialmente perjudicial para los transportistas; y no solo afecta a sus medios de subsistencia, sino que también aumenta las emisiones de CO2 en la asombrosa cifra de 46.000 toneladas anuales, unas consecuencias medioambientales contrarias a nuestros objetivos climáticos.
