Creo que nadie podrá en tela de juicio que un modelo de gobernanza comprometido con la integridad pública contribuye al fortalecimiento y al buen funcionamiento de nuestra democracia. Cada vez más, las sociedades exigen de las Administraciones Públicas pautas de comportamiento acordes con los valores éticos compartidos por todos en la defensa del interés general y del bien común.
Pero, ¿qué entendemos por integridad pública? ¿Cómo crear controles en situaciones de incertidumbre? ¿Por qué un comportamiento ético genera valor y contribuye a priorizar los intereses públicos sobre los privados y, en definitiva, a garantizar el derecho a la buena administración?
Integridad pública
Según la OCDE “la integridad pública se refiere a la alineación consistente y la adhesión a valores, principios y normas éticos compartidos para mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados en el sector público”.
La integridad es uno de los pilares clave de las estructuras políticas, económicas y sociales y, por lo tanto, esencial para el bienestar económico y social y la prosperidad de los individuos y las sociedades en general. La necesidad de prevenir o reducir los casos de corrupción unido al compromiso de mejora de la gestión pública, debe llevar a las Administraciones a tomar conciencia de la necesidad de implantar marcos o sistemas de integridad en nuestras instituciones.
La necesidad de prevenir casos de corrupción y mejorar la gestión pública debe llevar a las Administraciones a implantar marcos o sistemas de integridad
De esta forma, también se cumple con los objetivos de la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, cuyo contenido se basa en 17 objetivos y 169 metas incluyendo nuevas temáticas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible, la paz y la justicia entre otros. En particular, el Objetivo n° 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se refiere a: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.”
Por eso, desde mi punto de vista, estos marcos de integridad arrojan herramientas necesarias para reforzar el cumplimiento del principio de legalidad que regula el artículo 103 CE, como máxima que debe guiar la Administración. Se trata de avanzar hacia un derecho administrativo del S.XXI que, bajo el prisma de la integridad pública, devuelva la confianza a los ciudadanos en las instituciones y mejore los mecanismos de tutela de los derechos.
