La captura de Nicolás Maduro abre una oportunidad histórica para Venezuela. No supone el final del problema, sino el inicio de una etapa decisiva: la transición a la democracia. La experiencia demuestra que los cambios duraderos no se construyen desde la improvisación ni la revancha, sino mediante procesos ordenados, apoyados en el Estado de derecho, el respeto a los derechos humanos y el respaldo de la comunidad internacional.
Venezuela necesita recuperar instituciones legítimas y devolver la soberanía a sus ciudadanos.
Es importante aclarar un aspecto central del debate internacional: esta operación no puede calificarse automáticamente como una violación del orden internacional ni como un acto de guerra.
Según la información disponible, no se trató de una intervención militar clásica contra un Estado soberano, sino de una operación limitada de “ley y orden” para ejecutar una orden judicial vigente contra una persona imputada por delitos graves ante tribunales federales. No hubo declaración de guerra, ocupación territorial ni voluntad de abrir un conflicto armado.
Este encuadre jurídico es relevante porque sitúa la acción fuera de los supuestos clásicos de uso ilegítimo de la fuerza. Maduro no fue tratado como un jefe de Estado enemigo, sino como un acusado prófugo de la justicia. Precisamente por ello, la operación se diseñó para ser limitada, funcional y orientada a evitar una escalada militar y el sufrimiento de la población civil.
Lejos de erosionar el orden internacional, este planteamiento busca preservar sus principios esenciales: legalidad, proporcionalidad y protección de los civiles.
Ahora bien, la captura no garantiza por sí sola el éxito. A partir de este momento, la responsabilidad de la comunidad internacional es determinante. La transición democrática no es un eslogan, sino un proceso que exige reglas claras, un calendario creíble, observación internacional, mecanismos de justicia transicional y apoyo político y económico condicionado a reformas reales.
El objetivo debe ser inequívoco: elecciones libres, separación de poderes y restitución de las libertades fundamentales.
En este contexto, España tiene una responsabilidad particular que no puede eludir. Más allá de los vínculos políticos que el actual Gobierno y figuras como José Luis Rodríguez Zapatero mantuvieron con el régimen hoy caído, nuestro país está unido a Venezuela por lazos históricos, humanos y sociales profundos. Miles de españoles residen allí desde hace décadas, y millones de venezolanos forman hoy parte de nuestras sociedades europeas tras un exilio forzado provocado por la represión y el colapso institucional.
Precisamente por esos vínculos, España debe situarse del lado de la democracia, de las víctimas y de una transición ordenada y garantista. No hacerlo sería dar la espalda a una comunidad humana que forma parte de nuestra propia historia reciente.
La responsabilidad de España no es la equidistancia ni la nostalgia ideológica, sino el compromiso activo con una transición democrática que permita a Venezuela reconciliarse consigo misma y recuperar su lugar entre las naciones libres.
SOBRE LA FIRMA: Eurodiputado del PPE, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Secretario general de la IDC (Internacional Demócrata de Centro )