QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
En un nuevo ataque a la clase trabajadora vasca, tanto el gobierno del Estado y la patronal como los sindicatos UGT y CCOO han acordado un nuevo paso hacia la privatización de los sistemas públicos de salud. Se trata de un acuerdo firmado e impuesto desde Madrid y hecho público con nocturnidad y alevosía la última semana de julio aprovechando el periodo vacacional.
No obstante, el acuerdo no es más que una nueva entrega de lo ya detallado en el documento de la asociación de mutuas patronales AMAT que desde LAB hicimos público en marzo de 2023, en el cual se detalla una hoja de ruta hacia la privatización de la salud de la clase trabajadora.
No debemos olvidar que las mutuas son asociaciones empresariales que usan dinero público (cotizaciones por contingencias profesionales de empresas y trabajadores y trabajadoras), para gestionar la salud de la clase trabajadora. Eso sí, sus consejos de administración copados por empresarios deciden sobre su actuación velando por los intereses de sus empresas representadas. Es decir, dinero público gestionado por empresarios para sus propios intereses.
No debemos olvidar que las mutuas son asociaciones empresariales que usan dinero público para gestionar la salud de la clase trabajadora
En esta nueva entrega, con el beneplácito de CCOO y UGT, las mutuas conseguirían poder intervenir en los procesos de recuperación de lesiones traumatológicas no laborales, sacando rédito de situación de colapso a la que han llevado a los servicios públicos de salud. De este modo, llevarían a cabo diagnósticos, tratamientos y rehabilitación en procesos dirigidos exclusivamente a trabajadores y trabajadoras en activo.
Salud a dos velocidades
Ello traería consigo la existencia de un sistema de salud a dos velocidades, donde las trabajadoras y los trabajadores en activo serían tratados con mayor rapidez para que se reincorporen a su puesto lo antes posible (no necesariamente recuperados) y por otro lado, las personas no activas serían tratadas en servicios públicos de salud más lentos y desabastecidos en todos los sentidos.
De este modo se prioriza una visión mercantilista de la salud donde la prioridad es la producción y no la total recuperación. Así, las mutuas aplicarán tratamientos que alivien las lesiones para permitir la pronta incorporación al puesto aún cuando en términos sanitarios sea más adecuado otro tipo de tratamiento que priorice la recuperación del paciente frente a su productividad.
El o la médico de cabecera se vería así presionada por la mutua que, justificando el tratamiento, le instaría a dar el alta sin que haya habido realmente un seguimiento de la paciente por parte de la propia profesional del sistema público de salud, teniendo que dar por buena la versión de la asociación empresarial.
De este modo se prioriza una visión mercantilista de la salud donde la prioridad es la producción y no la total recuperación
Otro punto a tener en cuenta es que el acuerdo requiere la firma de la trabajadora o del trabajador. En este sentido, el propio Ararteko (defensor del pueblo) ha denunciado la praxis deshonesta por parte de las mutuas empresariales, mediante la cual se exige la firma al trabajador o a la trabajadora en términos imperativos con todo tipo de “advertencias”.
Alta siniestralidad
Recordemos que el desarrollo del acuerdo requiere la aprobación de los servicios de salud de EAE y Nafarroa para poder llevarse a cabo, y ese será nuestro ámbito de lucha, donde trataremos de paralizarlos.
Por otra parte, se nos presenta la fórmula de bonus como un incentivo para disminuir la alta siniestralidad en el estado cuando en realidad no es más que un incentivo para dejar de comunicar todos los accidentes “escondibles”, como ya vimos en el pasado.
El desarrollo del acuerdo requiere la aprobación de los servicios de salud de EAE y Nafarroa para poder llevarse a cabo y ese será nuestro ámbito de lucha, donde trataremos de paralizarlos
De este modo, se proponen bajadas en las cotizaciones a las empresas por bajar la accidentabilidad. Es decir, rebajas fiscales por cumplir cuestiones obligatorias desde hace tres décadas (Ley de Prevención).
Como ya vimos en el “ensayo” que se realizó hasta la pandemia, en la práctica las empresas, especialmente las más grandes, realizaban un ejercicio de ocultar accidentes para llegar a esas rebajas fiscales, evitando así hacer trabajo de prevención.
SOBRE LA FIRMA
Inko Iriarte es secretario de Salud Laboral del sindicato LAB
