Hasta ahora ha habido ganadores y perdedores en el mercado de la vivienda. Perdedores han sido todos los que no han tenido acceso al derecho a la vivienda recogido en la Constitución, aquellos que han visto subir de forma desproporcionada el precio de sus alquileres, aquellos que no han podido poner en marcha su proyecto de vida al no poder emanciparse, aquellos que perdieron su vivienda al no poder hacer frente al pago en un momento complicado de su vida…
Pero también hay ganadores: aquellos fondos que se hicieron con viviendas a precio de saldo en algunos casos de viviendas públicas vendidas por gobernantes del PP y aquellos fondos que han multiplicado sus beneficios incrementando sin límites los precios de los alquileres.
Esta semana se aprobará en el Congreso de los Diputados la primera ley de vivienda de nuestro país, que busca resolver todos aquellos desajustes provocados por un mercado sin regulación y por la falta de políticas de vivienda durante los años de gobierno del PP.
«Una ley que da herramientas a las comunidades autónomas y ayuntamientos para evitar que en determinadas zonas puedan seguir subiendo los alquileres de forma desproporcionada»
Para muestra, los presupuestos en materia de vivienda aprobados por el PP: 475 millones de euros frente a los más de 3.400 millones de euros aprobados por el actual Gobierno de coalición.
Una ley equilibrada que da herramientas a las comunidades autónomas y ayuntamientos para evitar que en determinadas zonas puedan seguir subiendo los alquileres de forma desproporcionada, que prohíbe la venta de vivienda pública a fondos de inversión, que impulsa la vivienda protegida en alquiler a precio limitado, que incentiva la oferta en alquiler asequible a través de deducciones o que mejora el procedimiento de desahucio en situaciones de vulnerabilidad con un sistema que facilita el acuerdo entre propietario e inquilino.
Esta ley defiende la propiedad, sobre todo de aquellos pequeños propietarios que con el esfuerzo de su trabajo consiguieron comprarse algunas viviendas y las ponen en el mercado del alquiler. Por eso esta norma diferencia entre los grandes propietarios y los pequeños.
Mucho se hablará de esta ley y los ataques vendrán principalmente de la derecha, de un PP que no quiso garantizar el derecho a la vivienda y ahora trabajará con todas sus fuerzas para desprestigiar esta ley. Lo hará recurriéndola al Tribunal Constitucional, como ya hicieron con otras leyes como la del aborto, la del matrimonio homosexual o la de la muerte digna.
«La ley no resuelve todos los elementos de un ámbito tan complejo como es el de la vivienda, que está lleno de aristas, pero pone la base para resolverlo»
Pero esto no debe sorprender a nadie, todas las leyes que han supuesto avances han sido recurridas por el PP. Intentarán descreditar la ley con mentiras, como que facilita la okupación de viviendas. Es falso y además es bueno recordar que las cifras de okupación alcanzaron récord durante el Gobierno de Rajoy. Lo harán vendiendo efectos negativos de la ley, como ya hicieron con la subida del SMI o la reforma laboral.
Nunca un Gobierno había hecho tanto por la vivienda como lo está haciendo este, no solo con la aprobación de esta norma, también alcanzando cifras récord en los presupuestos para las políticas de vivienda, o aprobando un plan para movilizar 50.000 viviendas de la SAREB para alquiler asequible.
La ley no resuelve todos los elementos de un ámbito tan complejo como es el de la vivienda, que está lleno de aristas, pero pone la base para resolverlo, como evitar el fraude en los alquileres de temporada o habitaciones, por lo que la ley marca un plazo de seis meses para la creación de un grupo de trabajo para avanzar en una propuesta normativa de regulación de los alquileres en este ámbito.
Agradecer a todos los que decidieron sentarse en una mesa a dialogar para conseguir la mejor ley posible, y lo hicieron desde visiones distintas de cuáles eran las mejores recetas para garantizar el derecho a la vivienda, pero con el objetivo principal de que un acuerdo mejoraría la vida de muchos españoles.
Otros decidieron esperar a que hubiera ley, fuera la que fuera, para atacarla, porque nunca ha estado entre sus objetivos hacer propuestas que facilitaran el acceso a una vivienda digna, solo buscaban tener una nueva herramienta para atacar al Gobierno, aunque para ello tengan que utilizar mentiras y bulos.
SOBRE LA FIRMA César Ramos es portavoz de Transportes del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y diputado por Cáceres.