El Congreso actualiza las normativas para el acceso a su archivo histórico, incluyendo peticiones especiales

La Mesa del Congreso ha ratificado el martes las actualizaciones normativas que determinarán las condiciones de acceso al Archivo de la Cámara, permitiendo la consulta de documentos con datos personales bajo ciertas condiciones. Estas incluyen la autorización del órgano de gobierno de la institución y, para documentos anteriores a la Constitución, la posibilidad de acceder a información nominativa de individuos fallecidos o cuando el solicitante demuestre un “interés legítimo”.

Estas modificaciones han sido especialmente valoradas por Sumar, ya que facilitarán a la familia de Manuel García Caparrós, fallecido en 1977 durante una manifestación en Málaga, el acceso a información clave sobre los responsables de su muerte. “Esto permitirá conocer la identidad de los responsables”, destacaron Esther Gil de Reboleño, vicepresidenta tercera del Congreso, y Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar.

Las normas se actualizan en el contexto del I Plan de Parlamento Abierto y se adecuan a los estándares actuales de otros archivos constitucionales y administrativos. La divulgación de los documentos se facilitará de modo electrónico, y se permitirá el acceso sin coste a documentos no publicados, sin necesidad de justificación por parte de los solicitantes.

Existen ciertas restricciones para documentos clasificados, sujetos a secreto legal, o que contengan información sensible sobre individuos. El acceso a estos documentos se regirá por la Mesa del Congreso, con asesoría de la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo.

Importantes excepciones también se aplicarán a documentos con datos sensibles como policiales o clínicos, que solo podrán ser consultados tras la autorización expresa de los afectados o tras cumplir ciertos plazos post mortem, según la Ley de Patrimonio Histórico Español.