El Pleno del Parlamento de Andalucía ha dado este miércoles, 11 de marzo, el visto bueno definitivo al proyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía, que ha salido adelante únicamente con los votos favorables de la mayoría absoluta del PP-A y el rechazo de todos los grupos de la oposición.
Tras el cierre del debate parlamentario, la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha subrayado que esta ley “representa una reforma estratégica de la tutela del patrimonio cultural de la comunidad autónoma que garantiza el acceso a la cultura mediante la investigación y difusión de los bienes patrimoniales y vela por su adecuada protección”.
El Ejecutivo andaluz sostiene que esta nueva regulación, que viene a reemplazar a la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, “fortalece la planificación, la protección, la gestión y la proyección internacional del patrimonio cultural andaluz, configurando un marco jurídico más coherente, participativo y adaptado a los desafíos contemporáneos surgidos en el ámbito patrimonial”.
Del Pozo ha remarcado además que “la nueva norma es el resultado de un amplio proceso participativo que ha permitido incorporar muchas de las demandas existentes en la sociedad”, agradeciendo las contribuciones de administraciones públicas, colegios profesionales, empresas, academias, asociaciones, fundaciones, profesorado universitario y personal técnico especializado en patrimonio.
El texto legal, estructurado en nueve títulos y 166 artículos, junto con disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales, entiende la salvaguarda del patrimonio como “un elemento transversal de la acción pública de la Administración andaluza”, integrándola en las políticas de educación, ordenación del territorio, urbanismo, paisaje, aguas, medioambiente, sostenibilidad, agricultura, ganadería, desarrollo rural y turismo.
Entre sus previsiones, la ley incorpora como agentes a los colegios profesionales, asociaciones y entidades que tengan entre sus fines la tutela o defensa del patrimonio cultural, integrándolos en el Consejo del Patrimonio Cultural de Andalucía. Estas entidades también pasan a intervenir en la ejecución de los programas previstos en el título dedicado a la investigación, difusión y educación.
Asimismo, se ha pretendido “ajustar la norma a las necesidades de agilización administrativa garantizando la conservación del patrimonio cultural”, al tiempo que se refuerza “la regulación de la actividad inspectora”, se actualizan los “tipos de infracciones” y se revisan los importes de las sanciones y sus plazos de prescripción.
Nuevas figuras de protección y actualización del modelo
Según la Junta, “se mejora todo el régimen jurídico y, en concreto, el sistema de protección del patrimonio cultural”, incorporando dos nuevas categorías de protección —los paisajes y las vías culturales—, creando el Sistema de Información del Patrimonio Cultural y “se refuerza el sector audiovisual incorporándose como nuevo patrimonio el audiovisual”, equiparando la Filmoteca de Andalucía a los inmuebles destinados a museos, archivos y bibliotecas como Bien de Interés Cultural.
La nueva ley “incorpora las más modernas concepciones del patrimonio, refuerza la presencia del patrimonio etnológico material e inmaterial, del patrimonio industrial y actualiza la regulación del patrimonio arqueológico terrestre y subacuático”.
Entre las innovaciones se incluye también la regulación administrativa de las candidaturas a las Listas del Patrimonio Mundial y del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, además de un título completo orientado a la investigación, la divulgación y la formación en materia de patrimonio cultural.
Igualmente, se “redefinen” las instituciones del patrimonio cultural, sumando nuevas figuras como las colecciones museográficas y los enclaves culturales, y se “ordenan, actualizan y sistematizan las distintas medidas de fomento que pueden implementarse en el ámbito del patrimonio cultural”.
Al debate en la Cámara autonómica han acudido representantes de varias de las entidades que han participado con sus propuestas en la redacción de la norma, entre ellas la Asociación Profesional Española de Historiadoras e Historiadores del Arte (Aproha), la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (Cacoa), el Consejo Andaluz de los Colegios de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Andalucía (Codoli), la Asociación de Constructores y Promotores de Sevilla (Gaesco), la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Asociación Andaluza de Antropólogos (Asana).
Críticas de la oposición y defensa del PP-A
En el turno de los grupos, la diputada del PSOE-A Isabel Ambrosio ha calificado la ley de “mala” y ha considerado que su tramitación parlamentaria ha sido “una oportunidad perdida para contrastar los distintos modelos de gestión” del patrimonio andaluz por la “falta de voluntad para el diálogo, el debate y la participación” del PP-A, que “ha conseguido que sólo pudiéramos conocer” el modelo que “ya estaba preparado por parte del Gobierno” de Juanma Moreno. Ha denunciado que durante el proceso ha predominado “la falta de ambición, la dejación irresponsable y la discrecionalidad interesada”.
Ambrosio también ha instado a la consejera Patricia del Pozo a aprovechar su intervención final para “dar explicaciones sobre las noticias que hemos conocido en las últimas horas” sobre el “escándalo que une al Gobierno andaluz con Luis Rubiales”, el que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol, en relación con las obras del Estadio de La Cartuja de Sevilla.
En respuesta, la parlamentaria del PP-A Pilar Pintor ha replicado que, cuando el PSOE-A abandonó el Gobierno andaluz, “no había más que jaramagos” en el estadio de La Cartuja. Sobre la ley recién aprobada, ha defendido que “recoge las demandas de la sociedad y nace del consenso necesario de los grupos parlamentarios, que a través de sus enmiendas lo han enriquecido y mejorado”, reforzando “el compromiso colectivo con la historia, la memoria y con la identidad andaluza”, por lo que la ha definido como una norma “necesaria”.
El diputado de Vox Antonio Sevilla ha señalado que esta ley suponía “una gran oportunidad para reforzar la protección” del patrimonio cultural andaluz y dotar a la comunidad de “herramientas más eficaces, exigentes y responsables”, y que con esa “intención” su grupo presentó “un conjunto amplio y coherente de enmiendas” para “reforzar el texto” del proyecto. Ha lamentado, sin embargo, que el PP-A haya rechazado “prácticamente todas” y sólo haya aceptado tres, impidiendo, a su juicio, dotar a la ley de “mayor eficacia”.
Por su parte, la diputada de Por Andalucía Alejandra Durán ha cuestionado los “plazos tan rápidos” con los que se ha tramitado un proyecto “lo suficientemente importante” como para haberse abordado “de una manera más reflexiva”. Ha asegurado que la norma, aprobada “con el rodillo” de la mayoría absoluta del PP-A, “no cumple con las necesidades reales del patrimonio cultural andaluz, no pone los mecanismos necesarios ante los abusos y peligros que corre” frente “a los intereses económicos”, e “introduce un régimen explícito de patrocinio privado”, por lo que “no es la ley que Andalucía merece ni necesita”.
Finalmente, la diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Begoña Iza, ha criticado que en la ley “no hay ningún compromiso firme” para recuperar “bienes que han sido expoliados” del patrimonio andaluz, como la Dama de Baza, y ha señalado que se echa “de menos” “un diagnóstico de cómo se encuentra en la actualidad el patrimonio de Andalucía”.