El Parlamento andaluz tumba con la mayoría del PP-A la comisión de investigación sobre el caso mascarillas

El PP-A usa su mayoría absoluta para bloquear en el Parlamento andaluz una comisión de investigación sobre la trama de Almería del “caso mascarillas”.

4 minutos

El Parlamento andaluz tumba con la mayoría del PP-A la comisión de investigación sobre el caso mascarillas

El Parlamento andaluz tumba con la mayoría del PP-A la comisión de investigación sobre el caso mascarillas

Comenta

Publicado

4 minutos

Más leídas

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha rechazado este jueves, gracias a la mayoría absoluta del Grupo Popular, la propuesta registrada por el PSOE-A para poner en marcha en la Cámara autonómica una comisión de investigación “sobre contratos adjudicados por la Junta de Andalucía, sus agencias, empresas públicas y entes instrumentales con empresas vinculadas a la denominada 'trama de Almería/caso mascarillas'”.

La iniciativa socialista, que ya había recibido el rechazo anticipado del PP-A desde su tramitación, sí ha contado con el respaldo del resto de formaciones --Vox, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía--. La defensa de la propuesta ha corrido a cargo de la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, quien ha subrayado que con esta petición ya son siete las ocasiones en que su partido ha reclamado en la Cámara una comisión de investigación “sobre la nefasta o, como en este caso, corrupta gestión” del PP-A, lamentando que siempre se ha topado con el “veto” del Grupo Popular.

“Quien mucho tapa, mucho tiene que ocultar”, ha avisado Ángeles Férriz, que ha justificado la necesidad de una comisión específica para abordar “la red de corrupción enraizada en el PP de Almería desde hace diez años”, que “no sólo se dedicaba a las 'mordidas' en la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia”, sino que “también abarca contratos de obra pública que se remontan a 2016”, y que “tiene su centro de operaciones en la Diputación Provincial de Almería, pero con ramificaciones en otros ayuntamientos y en la propia Junta de Andalucía”.

Según la dirigente socialista, se trata de “una red que Moreno Bonilla ha permitido durante años, sin ninguna medida, sin ningún reproche”, hasta el extremo de que “lo que ha hecho es taparla”. Ha reprochado igualmente la “manera cínica” con la que el presidente del PP-A afirmó “que desconocía exactamente cuál era la causa que motivaba” la detención, el pasado mes de noviembre, del entonces presidente del PP y de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García.

Férriz ha incidido en que “lo que se investiga en Almería no son sólo 'mordidas' por la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia” de Covid-19, sino que “la investigación judicial se remonta a 2016”, y analiza posibles delitos de “cohecho, malversación de caudales, blanqueo de capitales, tráfico de influencia y corrupción en contratos públicos”, así como “diez años de supuesto enriquecimiento personal de cargos del PP, de sus familiares y de sus amigos”, en un periodo en el que Juanma Moreno ya lideraba el PP andaluz. La representante del PSOE-A ha cerrado su intervención reclamando que el Parlamento permita “que se investigue con transparencia lo que ha ocurrido en Almería”.

Argumentos del PP-A para rechazar la comisión

En el turno de fijación de postura, el diputado del PP-A Juan José Salvador ha defendido que “las comisiones de investigación no deben sustituir a los órganos jurisdiccionales ni a instructores penales”, y que “no son ni pueden ser instrumentos de investigación paralela a causas ya judicializadas” en manos de “jueces competentes y fiscalías actuantes”, recordando además que hay formaciones con representación en la Cámara ya personadas en el procedimiento.

En este contexto, el parlamentario popular ha sostenido que con la propuesta socialista únicamente se busca “añadir ruido”, y ha advertido de que “el Parlamento no puede convertirse en un escenario de construcción de relatos sobre procesos ya en curso”. A su juicio, “si realmente se busca la verdad material, el cauce ya existe y está activo”, pero “si lo que se busca es el rendimiento político, no cuenten con nosotros”. Ha concluido justificando el rechazo del PP-A a la comisión “por rigor, por coherencia institucional y por respeto a la separación de poderes”.

Apoyos de Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía

Desde Vox, el diputado Juan José Bosquet ha afirmado que “el llamado 'caso mascarillas' no es un episodio aislado fruto del caos de la pandemia”, sino que “la instrucción judicial muestra que hay algo mucho más serio” y que “se trata de posibles adjudicaciones irregulares llevadas a cabo desde la Diputación de Almería”, que “en su origen” estarían ligadas a contratos de emergencia “por valor de más de dos millones” de euros. Por ello, ha exigido “transparencia total” sobre los “contratos, expedientes y adjudicaciones que estén bajo sospecha”, además de “colaboración absoluta con la justicia, depurar responsabilidades políticas a todos los niveles y donde sea necesario”, y ha advertido de que Vox “seguirá personado en esta causa hasta el final, caiga quien caiga”.

También ha respaldado la iniciativa la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, quien ha criticado el “trapicheo con mascarillas” que se investiga en este procedimiento y que, según ha recordado, ya “hemos visto en más sitios”. Ha resaltado que empresas incluidas en “ese entramado tan artesanalmente montado por el PP de Almería” fueron igualmente “contratadas habitualmente” por la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno “con contratos de emergencia o de adjudicación directa, eludiendo algunos de los controles que a lo mejor hubieran hecho saltar la alarma sobre las prácticas corruptas que los rodeaban”, por lo que ha considerado “pertinente” la creación de la comisión de investigación.

Por último, la diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Begoña Iza, ha sostenido que “los contratos amañados tienen que aclararse” y “tenemos que saber qué ha pasado”, y ha interpretado que si los 'populares' “se niegan a crear la comisión” de investigación “por algo será, algo tendrán que ocultar”. Frente a esa negativa, ha reclamado “transparencia” sobre unos contratos que afectan a “dinero público”, según ha enfatizado.