El Parlamento de Andalucía ha aprobado una mejora salarial para los altos cargos de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida en funciones por Jesús Maeztu, como consecuencia de la actualización de las retribuciones que a comienzos de año se aplicó a consejeros y viceconsejeros de la Junta, ligada a la subida fijada para el personal del sector público en todo el Estado.
La Mesa del Parlamento dio luz verde a este aumento para los responsables del Defensor del Pueblo Andaluz el pasado 18 de febrero, según se recoge en un acuerdo consultado por Europa Press tras su difusión esta semana en el boletín oficial de la Cámara autonómica.
El acuerdo especifica que, para hacer frente a este incremento vinculado a la institución del Defensor del Pueblo Andaluz, se ha autorizado una “generación de crédito” con cargo al fondo de remanentes presupuestarios del Parlamento.
El documento recuerda que las retribuciones del Defensor del Pueblo Andaluz y de sus adjuntos quedaron “homologadas a las de las personas titulares de las consejerías y viceconsejerías” de la Junta, respectivamente, mediante un acuerdo de la Mesa del Parlamento de 31 de julio de 1996, por lo que cualquier variación en estos puestos se traslada a la institución.
En este contexto, el Gobierno andaluz acordó en enero un aumento del salario del presidente de la Junta y de otros altos cargos de la administración autonómica, derivado del incremento aprobado para los diputados autonómicos, que a su vez se ajustó a la subida fijada por el Ejecutivo central para el conjunto del sector público.
Las retribuciones del presidente de la Junta se fijan tomando como referencia el sueldo de los portavoces de los grupos parlamentarios, con una reducción del 5 por ciento respecto a la cuantía que perciben estos diputados, mientras que el salario de los consejeros se calcula también en función de lo que cobra el jefe del Ejecutivo autonómico.
Impacto del Real Decreto-ley sobre las retribuciones públicas
Los sueldos de los altos cargos del Gobierno andaluz se revisaron tras la entrada en vigor, a escala estatal, del Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de retribuciones en el sector público, que estableció un “incremento retributivo aplicable al personal al servicio del sector público para los años 2025 y 2026”.
En concreto, la norma fijó “un incremento consolidable del 2,5 por ciento para 2025 respecto de las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2024” y un “incremento global máximo del 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2025, incluido en estas últimas el incremento retributivo aprobado en dicho real decreto-ley”.
Este aumento se aplicó a las retribuciones de los portavoces de los grupos parlamentarios, que se vieron incrementadas en esos porcentajes. A partir de ahí, la Junta consideró “preciso” actualizar los salarios de sus altos cargos “en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 bis, apartado 6, de la Ley 3/2005, de 8 de abril”, sobre incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes, intereses y retribuciones de altos cargos y otros cargos públicos.
Como consecuencia de esta cadena de actualizaciones, la retribución anual del titular del Defensor del Pueblo Andaluz se equipara a la de un consejero, que en 2026 alcanza los 88.059,44 euros brutos al año. Por su parte, el sueldo de los adjuntos se alinea con el de los viceconsejeros y altos cargos asimilados, fijado en 83.448,96 euros anuales para el ejercicio en curso.
Esta “homologación y actualización” de los salarios del responsable de la institución y de quienes ocupan las Adjuntías no figuraba en el presupuesto de 2026 del programa del Defensor del Pueblo Andaluz, aprobado por la Mesa del Parlamento el 8 de octubre de 2025, “habida cuenta de las fechas de aprobación posteriores de la normativa de las que deriva su aplicación”.
Por este motivo, la “asunción del pago” de estas nuevas retribuciones ha generado “un déficit presupuestario totalmente imprevisto y de carácter excepcional”, según se recoge en el acuerdo de la Mesa del 18 de febrero. Para “hacer efectiva” la actualización, ha sido necesaria “una generación de créditos por importe de 16.705 euros”, autorizada por el órgano de gobierno de la Cámara “con cargo al Fondo de remanentes” presupuestarios.