El Pleno del Parlamento ha rechazado este jueves la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica remitida por el Gobierno central, al considerarla de “carácter regresivo e injusto, ya que consagra el principio de ordinalidad, con mayor financiación por habitante a las comunidades autónomas con mayor nivel de renta per cápita”.
La posición de la Cámara se ha articulado a través de una proposición no de ley del PP-A, que ha salido adelante en todos sus puntos. El texto ha contado con el voto en contra del PSOE-A y Por Andalucía, mientras que Vox y el grupo Mixto-Adelante Andalucía han respaldado determinados apartados.
El Parlamento ha reclamado al Gobierno de España que abra una negociación con todas las comunidades autónomas de régimen común en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el fin de acordar un nuevo sistema de financiación autonómica entre el Estado y el conjunto de territorios “y no de manera bilateral”.
Asimismo, se establece que, si el Gobierno central mantiene la tramitación de su propuesta de nuevo modelo de financiación “sin el concurso del resto de comunidades autónomas de régimen común”, la Junta deberá “utilice las vías jurídicas a su disposición para su impugnación, al ser totalmente contrario a los principios de igualdad y solidaridad que debe sustentar cualquier sistema de financiación”.
El acuerdo aprobado exige que el futuro modelo de financiación autonómica priorice “el principio de igualdad, en el que cada ciudadano pueda recibir los servicios públicos con el mismo nivel de calidad con independencia de su capacidad económica y con independencia de la capacidad económica del territorio en el que resida, igualando para ello la financiación por habitante ajustado en todas las comunidades”.
Mientras no se cierre un nuevo marco estable, la Cámara insta al Gobierno de España a poner en marcha un fondo transitorio de nivelación con el objetivo de “corregir el desequilibrio financiero que sufren cuatro comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, por el funcionamiento del vigente sistema”.
En la defensa de la iniciativa, el diputado del PP-A Pablo Venzal ha subrayado que el modelo de financiación autonómica no debe entenderse como un instrumento sometido a coyunturas políticas “ni como una herramienta al servicio de acuerdos bilaterales que alteren los equilibrios del sistema común, sino como una verdadera política de estado, orientada al interés general, al fortalecimiento de la cohesión territorial y a la preservación del principio constitucional de solidaridad”.
Respecto a la nueva propuesta de reforma del sistema de financiación elaborada por el Ministerio de Hacienda, Venzal ha indicado que “adolece de importantes deficiencias estructurales”: “Lejos de abordar con profundidad los problemas acumulados del modelo vigente, particularmente en lo relativo a la suficiencia financiera, la nivelación horizontal, la nivelación vertical y la solidaridad interterritorial, la propuesta mantiene un planteamiento continuista que introduce modificaciones parciales, sin acometer una reforma integral capaz de corregir los desequilibrios existentes”.
Según ha añadido, “el sistema tiende a beneficiar en mayor medida a aquellas comunidades con mayor capacidad económica, ampliando la brecha entre territorios y comprometiendo la equidad en la prestación de los servicios públicos”, un diseño que, a su juicio, conduce a “la aplicación de resultados compatibles con el principio de ordinalidad, aun cuando este no se recoja expresamente en la propuesta”.