El PP-A llevará este jueves 12 de febrero al primer Pleno ordinario del año en el Parlamento andaluz una proposición no de ley con la que pretende que la Cámara muestre su rechazo al nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno central, al que califica de "su carácter regresivo e injusto, ya que consagra el principio de ordinalidad, con mayor financiación por habitante a las comunidades autónomas con mayor nivel de renta per cápita".
La iniciativa parlamentaria plantea que el Gobierno de España abra una negociación con todas las comunidades autónomas de régimen común en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el objetivo de consensuar un nuevo sistema de financiación autonómica entre el Estado y el conjunto de territorios "y no de manera bilateral".
Además, si el Gobierno central decidiera seguir adelante con la tramitación de su propuesta de nuevo modelo de financiación "sin el concurso del resto de comunidades autónomas de régimen común", el texto insta a la Junta a que "utilice las vías jurídicas a su disposición para su impugnación, al ser totalmente contrario a los principios de igualdad y solidaridad que debe sustentar cualquier sistema de financiación".
El PP-A subraya en su propuesta que el futuro sistema de financiación debe asegurar prioritariamente "el principio de igualdad, en el que cada ciudadano pueda recibir los servicios públicos con el mismo nivel de calidad con independencia de su capacidad económica y con independencia de la capacidad económica del territorio en el que resida, igualando para ello la financiación por habitante ajustado en todas las comunidades".
Mientras no se acuerde un nuevo modelo, la formación popular reclama que el Gobierno de España ponga en marcha un fondo transitorio de nivelación para "corregir el desequilibrio financiero que sufren cuatro comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, por el funcionamiento del vigente sistema".
Según el PP-A, el sistema de financiación autonómica no debe entenderse como un mecanismo sometido a intereses coyunturales "ni como una herramienta al servicio de acuerdos bilaterales que alteren los equilibrios del sistema común, sino como una verdadera política de estado, orientada al interés general, al fortalecimiento de la cohesión territorial y a la preservación del principio constitucional de solidaridad".
Respecto a la nueva propuesta de reforma del modelo presentada por el Ministerio de Hacienda, el grupo popular sostiene que "adolece de importantes deficiencias estructurales": "Lejos de abordar con profundidad los problemas acumulados del modelo vigente, particularmente en lo relativo a la suficiencia financiera, la nivelación horizontal, la nivelación vertical y la solidaridad interterritorial, la propuesta mantiene un planteamiento continuista que introduce modificaciones parciales, sin acometer una reforma integral capaz de corregir los desequilibrios existentes".
En opinión del PP-A, "El sistema tiende a beneficiar en mayor medida a aquellas comunidades con mayor capacidad económica, ampliando la brecha entre territorios y comprometiendo la equidad en la prestación de los servicios públicos", advirtiendo de que este diseño implica "la aplicación de resultados compatibles con el principio de ordinalidad, aun cuando este no se recoja expresamente en la propuesta".