La iniciativa que la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, llevó el pasado 14 de enero al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para renovar el sistema de financiación autonómica que sustituyera al vigente desde 2009 y caducado en 2014 ha regresado este jueves al foco del Parlamento andaluz, en esta ocasión en comisión, apenas una semana después de su debate en el Pleno de la Cámara.
La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha expuesto un decálogo de motivos para rechazar la propuesta, de la que ha subrayado que "no es una lista de quejas" sino "un mandato político que asumimos desde Andalucía" con el propósito de "evitar ser un territorio de segunda" o sometido a "compensaciones graciables", por lo que ha concluido que el nuevo sistema "no cierra la herida de la infrafinanciación".
Desde las filas socialistas, la diputada Alicia Murillo ha defendido la postura del principal grupo de la oposición y ha afeado al Ejecutivo andaluz que recurra de forma reiterada al informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), difundido el mismo día que se presentó el modelo, sin mencionar que en ese mismo estudio se indica que "la brecha se reduce de forma sustancial".
Murillo ha criticado igualmente que la Junta insista en la diferencia de 143 euros por habitante ajustado cuando el análisis de Fedea señala que "ganamos 389 euros por habitante ajustado" y que se recorta en un 50% la distancia entre la comunidad mejor y peor financiada.
Según ha remarcado, el documento de Fedea concluye que "somos beneficiarios netos del sistema" y ha cifrado en 7.285 millones la diferencia entre lo que Andalucía aporta y lo que recibe. Ante ello, ha cuestionado si "nos quedamos en el modelo caducado donde estamos peor".
La diputada socialista ha puesto sobre la mesa que el nuevo sistema supondría para Andalucía un aumento de recursos de 4.846 millones de euros, a los que ha sumado 960 millones procedentes del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). "Está renunciando a 5.800 millones", ha afirmado, antes de sostener que la propuesta impulsada por Montero "beneficia mucho a Andalucía".
Carolina España, también portavoz del Gobierno andaluz, ha replicado a los argumentos del Ejecutivo central, que calcula 21.000 millones adicionales para las autonomías gracias al mayor porcentaje de cesión del IRPF, del IVA y otros fondos previstos, para advertir de que "haya más dinero no es justicia si seguimos por debajo; no hay igualdad si seguimos por detrás", rematando que "el modelo nace muerto".
La consejera ha insistido en que "Andalucía no tiene que ser siempre la Comunidad eternamente compensada" y ha denunciado que el diseño "nace sin consenso territorial" al haberse negociado "en reuniones bilaterales, de espaldas a todas las comunidades, salvo Cataluña".
En este contexto, ha apuntado a una infrafinanciación anual desde 2019 de 1.500 millones, con 143 euros menos por habitante ajustado que la media con el nuevo sistema y 389 euros menos que un ciudadano catalán, por lo que ha resumido que "aumenta la tarta, pero el trozo andaluz sigue siendo más pequeño que el resto de España".
Entre los motivos de su decálogo para rechazar el modelo de María Jesús Montero, España ha destacado que se trata de un "modelo de fondos oscuros diseñados para Cataluña", ejemplificando con el fondo de IVA de las pymes, del que el 73% iría a Cataluña, lo que a su juicio supone "es el verdadero Cupo escondido".
Ha vinculado esa falta de transparencia al hecho de que "nadie conoce los cálculos", salvo los difundidos por la Fundación Fedea, y ha subrayado que "el Gobierno no ha desmentido", por lo que ha advertido de que "nos están pidiendo un acto de fe" para dar por buenos los supuestos beneficios del nuevo esquema.
La consejera ha censurado también la ordinalidad que, a su entender, introduce la propuesta, de manera que "da más a quien más tiene", y ha alertado de que "ataca la autonomía fiscal andaluza con una subida de impuestos encubierta" que limitaría la capacidad de decisión de comunidades como Andalucía.
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
La diputada de Vox en Andalucía Cristina Jiménez ha incidido en que "el Estado asume una cantidad importante" para sostener el modelo, al que ha atribuido que "va a recortar el Presupuesto del Estado de forma importante", convencida de que "es una temeridad descapitalizar el Estado". Ha avanzado que "vamos a poner nuestro empeño en que esto no ocurra porque la seguridad de los andaluces y los españoles es primordial".
Partiendo de que "la escasa financiación extra no va a compensar la pérdida de recursos del Estado", Jiménez ha interpretado que el sistema responde "de cesión al independentismo" y constituye "del precio que cuesta el sillón de Pedro Sánchez", además de recalcar que "el sistema no se diseñó en base cero, sino sobre herencias recibidas" y recordar al Gobierno andaluz que "pidieron incluso más fondos y la quita y le han dado más de lo que pidieron".
La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ha reprochado a la consejera que "habla del céntimo de euro de más o menos cada habitante de cada Comunidad y nos dice que no conocen la propuesta", por lo que ha cuestionado si "tienen o no tienen los datos de la financiación".
Nieto ha preguntado a España si "se van a implicar en la tramitación de la Ley Orgánica" que debe actualizar el modelo de financiación y le ha recordado que "nuestro Estatuto de Autonomía consagra la bilateralidad en las relaciones económicas y financieras con el Estado", concluyendo que "de inconstitucional nada de nada" frente a la crítica de la Junta a la negociación entre el Gobierno central y Cataluña.
Por su parte, el diputado del PP Manuel Bonilla ha recurrido igualmente al informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada para remarcar que, con el nuevo sistema, Andalucía seguiría con 143 euros menos por habitante de media y 389 euros menos que un catalán. Ha señalado que las conclusiones del estudio destacan la mejora de Comunitat Valenciana, Región de Murcia, Cataluña, Baleares y Madrid", para concluir que "ganan más las más ricas", mientras que Fedea solo recoge "la modesta ganancia" de Andalucía "de 1,2 puntos en términos porcentuales, al pasar de una financiación de un 95% sobre la media a que sea de un 96,2%".
Bonilla ha añadido que la brecha de Andalucía con la media pasaría ahora de 248 euros a 389 euros, situando a Cataluña con 1.898 millones por encima de la media y dejando a Andalucía 1.192 millones por debajo.