La Junta de Andalucía “permanece abierta a la consideración de nuevas propuestas que busquen mejorar” el marco legal en materia de “conflicto de intereses” de los altos cargos, “siendo conscientes de la dinámica evolución normativa y las mejores prácticas existentes tanto a nivel estatal como autonómico”.
Así lo expone el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en una contestación por escrito, consultada por Europa Press, a raíz de una iniciativa del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz sobre declaraciones tributarias y vínculos contractuales de cónyuges o parejas de hecho de altos cargos.
La portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, y el diputado onubense Mario Jiménez registraron en julio de 2025 varias preguntas, entre ellas “cuántos altos cargos han presentado la información tributaria de sus cónyuges o parejas de hecho”, o “cuántos de esos cónyuges o parejas de hecho tienen participación, directa o indirecta, en empresas o entidades que hayan formalizado contratos, convenios o hayan recibido subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía o sus entes instrumentales”.
Asimismo, los parlamentarios socialistas se dirigían al consejero de Presidencia para conocer “qué medidas” había puesto en marcha su departamento “para verificar posibles situaciones de conflicto de intereses derivadas de estas relaciones”.
NORMATIVA DE INCOMPATIBILIDADES
En su respuesta, Antonio Sanz recuerda que, “según lo dispuesto en la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de los Altos Cargos de la Junta de Andalucía, y a la Instrucción conjunta 1/2024, de 20 de noviembre, de la Viceconsejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, y de la Secretaría General para la Administración Pública, para la aplicación del artículo 12 de la citada ley, la presentación” de la información reclamada por el PSOE-A “es opcional”.
En la misma línea, precisa que “la normativa vigente no impone al cónyuge ni a la pareja de hecho de la persona titular del alto cargo la obligación de declarar su participación en empresas o entidades privadas, ni exige que la persona que ocupa un puesto de alto cargo aporte este tipo de información detallada en relación con dichas personas”, de modo que “la Administración no dispone de dichos datos”.
El consejero añade que “la Consejería competente en materia de Función Pública ha establecido procedimientos de verificación conforme a la Instrucción Conjunta 1/2024, de 13 de junio, mediante los cuales se comprueba la concordancia entre el contenido de los formularios de información tributaria y las autoliquidaciones tributarias presentadas”.
Defiende igualmente que la Ley 3/2005, de 8 de abril, “constituye una de las normas más rigurosa y restrictiva en materia de incompatibilidades y prevención de conflictos de intereses dentro del marco jurídico estatal”, y que, “desde su entrada en vigor”, ha sido objeto de “numerosas modificaciones en ese sentido”.
En este contexto, menciona el Decreto-ley 6/2024, de 28 de mayo, que “refuerza el régimen de incompatibilidades de altos cargos de la Junta de Andalucía, estableciendo prohibiciones y autorización previa para actividades privadas durante los dos años posteriores al cese, con el fin de prevenir posibles conflictos de intereses y garantizar la máxima transparencia”.
No obstante, Sanz recalca que, “siendo conscientes de la dinámica evolución normativa y las mejores prácticas existentes tanto a nivel estatal como autonómico”, la Junta de Andalucía “permanece abierta a la consideración de nuevas propuestas que busquen mejorar este marco normativo, siempre y cuando se ajuste a principios y parámetros equivalentes a los que se establecen en la regulación estatal y en otras comunidades, asegurando así una coherencia jurídica y un alto nivel de protección frente a posibles conflictos de intereses en todo el territorio nacional”.
MEDIDAS ACTIVADAS POR EL GOBIERNO DE JUANMA MORENO
En paralelo, el consejero resalta que el Ejecutivo andaluz “ha puesto en marcha diversas medidas específicas para detectar y prevenir posibles conflictos de intereses”, entre ellas la creación de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, mediante la Ley 2/2021, de 18 de junio, como “órgano responsable de la prevención, detección, investigación y propuesta de actuaciones frente al fraude, la corrupción y las malas prácticas en el sector público andaluz”.
También apunta que “se han desarrollado los Planes de Medidas Antifraude (MRR), que permiten identificar y gestionar de forma estructurada y eficaz los riesgos de fraude y corrupción”, cuyo “seguimiento y evaluación” corresponde al Comité Antifraude, constituido por el Decreto 188/2023, de 25 de julio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.
Del mismo modo, recuerda que, mediante Acuerdo de 4 de agosto de 2025, del Consejo de Gobierno, se aprobó la formulación de la Estrategia de Integridad Institucional de la Junta de Andalucía 2025-2030, como “política prioritaria para fortalecer la ética pública, la transparencia, la honestidad y el buen gobierno”.
Además, mediante la Instrucción 1/2023, de 12 de junio, de la Secretaría General para la Administración Pública, se implantó el Sistema Interno de Información (SII) en la estructura central y territorial de la Administración autonómica, en aplicación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Posteriormente, el Decreto 103/2025, de 21 de mayo, “se constituye formalmente” el SII y regula su organización y funcionamiento, dejando sin efecto la instrucción previa. Sanz precisa que este sistema tiene “como finalidad facilitar la comunicación segura y confidencial de posibles infracciones normativas dentro del ámbito de la Administración andaluza”.
“En conclusión, todas estas iniciativas configuran un marco integral que fortalece la integridad pública, promoviendo una gestión transparente y ética, y contribuyendo decisivamente a prevenir y mitigar posibles situaciones que pudieran generar conflictos de intereses en la administración autonómica”, concluye el consejero Antonio Sanz en su escrito, fechado el 30 de septiembre de 2025 y difundido en enero en el boletín del Parlamento andaluz.