El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha puesto en valor en la comisión parlamentaria el “cambio de ritmo” que, según ha indicado, se está produciendo en la provincia de Almería en materia de infraestructuras judiciales, gracias a cuatro proyectos recogidos en el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030 que se encuentran en distintas fases.
Estas actuaciones abarcan la nueva sede judicial de Roquetas de Mar, ya en plena construcción; el futuro edificio de Huércal-Overa, actualmente en licitación; el compromiso de rehabilitar la Casa de los Manchón en Vélez-Rubio; y la próxima sede de Vera, cuyo desarrollo se articula mediante un acuerdo de colaboración con su Ayuntamiento.
Nieto ha subrayado que estas iniciativas “no son palabras ni promesas sino hitos concretos, con fechas, con presupuestos y con plazos, que demuestran el cambio de ritmo que esta Consejería ha imprimido a las infraestructuras judiciales en Almería y el compromiso del Gobierno andaluz de Juanma Moreno con esta provincia”.
En el caso de Roquetas de Mar, ha remarcado que en esta localidad se levanta la primera sede judicial andaluza ejecutada mediante colaboración público-privada, impulsada por el alcalde Gabriel Amat, a través “una fórmula de la que algunos dudaron, pero que ya da sus frutos y supone una política de cooperación entre administraciones con la que nadie pierde y todos ganan, especialmente la ciudadanía”.
El 12 de diciembre se colocó la primera piedra de un complejo de 6.000 metros cuadrados que prácticamente duplicará la superficie disponible, con el objetivo de concentrar en un único inmueble los órganos judiciales ahora repartidos en varios locales, insuficientes ante el fuerte crecimiento demográfico y de actividad que ha vivido el municipio.
El Consistorio asume la ejecución de las obras con una inversión de 12 millones de euros, que espera recuperar sobradamente mediante el canon anual que la Consejería abonará por el uso judicial del edificio durante 30 años, una vez finalizado el proyecto.
Respecto a Huércal-Overa, una infraestructura prometida y pospuesta durante 16 años, la Junta licitó en diciembre la nueva sede, que será financiada íntegramente por la administración autonómica con un presupuesto de 8,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 17 meses, “por lo que los trabajos arrancarán este año una vez adjudicada”.
El inmueble previsto multiplicará por tres el espacio actual, permitirá reagrupar todos los servicios judiciales dispersos y “dará respuesta a un partido judicial estratégico para el Levante almeriense”.
Para Vélez-Rubio, el Gobierno andaluz y el Ayuntamiento han pactado que la Consejería rehabilite la Casa de los Manchón, un edificio histórico de alto valor patrimonial situado en pleno centro, siguiendo el proyecto redactado por el Consistorio, que ya ha aprobado la cesión del inmueble, pendiente solo de formalizarse para poder iniciar las obras.
Con esta intervención se sustituirán las actuales dependencias, consideradas obsoletas y con carencias de espacio y accesibilidad, y al mismo tiempo “la Junta contribuye así a preservar el patrimonio municipal”.
En Vera, Junta y Ayuntamiento continúan avanzando “para responder a las necesidades de un partido judicial que ha experimentado un crecimiento constante y que necesita instalaciones acordes con su dinamismo”.
Ambas administraciones han suscrito un protocolo de colaboración público-pública “con el fin de buscar una parcela adecuada donde construir una nueva sede conforme a esta fórmula de financiación”.
Junto a estos cuatro proyectos principales, el consejero ha recordado que se contemplan actuaciones para mejorar la eficiencia energética mediante la instalación de placas solares, mejoras en aislamientos y sistemas electrónicos en la Ciudad de la Justicia de la capital y en las sedes de El Ejido, Berja y Purchena, además de la adecuación de un local en Adra para albergar la nueva Oficina de Justicia Municipal, que sustituye al Juzgado de Paz y amplía sus competencias.
Refuerzos de personal y organización en el tribunal de instancia de Berja
Nieto ha abordado también la situación del tribunal de instancia de Berja, donde la plantilla de funcionarios ha contado con refuerzos de hasta cuatro interinos durante todo 2025 y, además, en julio, coincidiendo con la implantación del nuevo modelo de organización judicial recogido en la Ley de Eficiencia, se sumaron dos plazas más.
En la actualidad, el órgano dispone de 16 funcionarios en el Tribunal de Instancia —cuatro gestores procesales, nueve tramitadores y tres auxilios— y tres efectivos en el Registro Civil.
A pesar de este aumento de personal, la Junta mantiene dos refuerzos activos en Berja y asegura la sustitución inmediata de las bajas que se producen. “Entendemos que la actuación de la Consejería ha sido rápida y conforme a sus posibilidades en el marco de nuestras competencias”, ha defendido el consejero.
Paralelamente, la Consejería solicitó en octubre una inspección del partido judicial al Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y al Ministerio de Justicia, con el fin de estudiar las causas de la baja tasa de resolución en comparación con otros partidos con una carga de trabajo y recursos humanos similares.
Desde 2023, la Junta viene reclamando al Ministerio la creación de una plaza judicial adicional, petición que se había rechazado hasta ahora y que, por primera vez, se incluye en el proyecto de Real Decreto previsto para 2026.
Nieto ha mostrado su confianza en que estas medidas, unidas a la consolidación del nuevo modelo de trabajo por secciones y servicios comunes y a la redistribución de funciones entre el personal, impulsada por un nuevo secretario coordinador recientemente incorporado, “contribuya a reducir los asuntos pendientes en Berja”.