La cámara legislativa andaluza ha dado luz verde a una Proposición no de Ley (PNL) presentada por el Grupo Popular, solicitando al Gobierno central la implementación de un Plan Integral de apoyo al empleo autónomo. Este plan incluiría once medidas destacadas, entre ellas, la implementación de la Directiva Europea 2020/285 que permitiría a los autónomos con ingresos anuales menores a 85.000 euros beneficiarse del IVA franquiciado, eliminando la necesidad de repercutir este impuesto en sus productos y servicios.
Además, se promueve «simplificar las obligaciones tributarias» para disminuir «la frecuencia y complejidad» de las declaraciones fiscales, permitiendo que los autónomos realicen «una o dos declaraciones de IVA al año en lugar de cada trimestre». La propuesta ha contado con el apoyo de varios grupos, incluyendo a Vox y al Grupo Socialista, este último tras la aceptación de una enmienda que incluía medidas dirigidas a la Junta de Andalucía.
Entre otras medidas aceptadas, se busca reducir y simplificar los trámites administrativos para aliviar «la carga burocrática» de pymes y autónomos, y se propone un plan de relevo generacional para asegurar la continuidad de negocios sin sucesión prevista. También se solicita una reforma normativa que beneficie a los autónomos en pluriactividad con la devolución inmediata y automática de sus excesos de cotización, así como mayor flexibilidad en el cobro de la prestación por cese de actividad.
MEDIDAS FISCALES
En el ámbito fiscal, se sugiere «revisar a la baja» el IRPF para autónomos y aplicar una tarifa cero para nuevos autónomos durante su primer año, extendible al segundo si sus ingresos no superan el SMI y son menores de 35 años. Además, se demandan «reglas claras» para la deducción de gastos esenciales y se plantea una «verdadera segunda oportunidad» para aquellos que fracasen y deseen reiniciar su actividad.
Finalmente, se insta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a entablar un «diálogo real» con las asociaciones del sector para diseñar un sistema de cotización adaptado a la situación económica y se rechaza cualquier aumento desproporcionado de las cotizaciones sociales que pueda ser perjudicial para el sector.