El Pleno del Parlamento ha descartado una propuesta de Vox que solicitaba al Gobierno de Andalucía implementar una serie de descuentos fiscales destinados a “proteger” a jóvenes y familias. La propuesta no prosperó debido a la oposición de los votos de PP-A, PSOE-A, Por Andalucía y grupo Mixto-Adelante Andalucía.
La diputada de Vox, Alejandra Jiménez, defendió la iniciativa que incluía una disminución de 0,5 puntos en la escala autonómica del IRPF, ajustándola a la situación económica real de las familias andaluzas. Además, planteaba aumentar las deducciones autonómicas en el IRPF por conceptos de nacimiento, adopción y gastos educativos (como comedor, material escolar, aula matinal, uniformes), y la eliminación de los límites de renta para incrementar el número de beneficiarios.
Otro aspecto de la propuesta era la solicitud a la Junta para reducir los tipos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD), y actualizar los umbrales de los tipos reducidos para jóvenes, familias numerosas y personas con discapacidad. También se incluía la petición de promover tipos reducidos de ITP y AJD para inmuebles destinados a negocios, con la intención de fomentar la creación y consolidación de empresas en Andalucía.
Además, se pedía a la Junta la ampliación de la cuota cero para autónomos, manteniendo la bonificación mientras los ingresos no superaran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), e introducir incentivos fiscales por contratación y conciliación para autónomos con menores a cargo. Asimismo, se exigía al Gobierno autonómico la eliminación de tributos propios, como el canon del agua y los impuestos ecológicos, y la supresión de entidades duplicadas, redirigiendo esos recursos hacia la economía productiva y la reducción de la carga fiscal.
Finalmente, Vox instaba a la Junta a pedir al Gobierno central una «bajada masiva de impuestos y una reducción drástica del gasto político impodructivo» y a modificar la normativa laboral y de extranjería para priorizar a los nacionales en el acceso a ayudas y programas laborales, frente a personas en situación irregular.