El diputado autonómico de Vox David Arranz defenderá este jueves en el Pleno de las Cortes de Aragón una proposición no de ley con un paquete de medidas frente al proceso de regularización extraordinaria de migrantes puesto en marcha por el Gobierno de España, iniciativa que su formación ha recurrido ante el Tribunal Supremo. Ha alertado sobre “el efecto llamada” y el debilitamiento del principio de legalidad.
En una rueda de prensa, Arranz ha manifestado “el completo rechazo” de Vox a la regularización de más de 500.000 migrantes en situación irregular, reprochando al Ejecutivo central que haya optado por un Real Decreto para sacarla adelante “evitando deliberadamente el debate parlamentario y la votación en el Congreso de los Diputados”.
Ha recordado que “el bipartidismo” ha impulsado desde 1985 varias regularizaciones masivas que han afectado a 1,2 millones de personas “sin que ninguna haya resuelto el problema de la inmigración ni evitado la reiteración”, y ha sostenido que estos procesos “han generado un efecto llamada permanente, trasladando el mensaje de que el incumplimiento de la ley acaba siendo premiado”, de modo que “se desautoriza y margina a quienes cumplen los procedimientos legales”, se originan “tensiones sociales evitables”, se complica la labor policial, “aumenta la inseguridad en nuestros barrios y poblaciones y se deteriora la convivencia social”.
El parlamentario de Vox ha afirmado que “la inmigración masiva sobrecarga y colapsa los servicios públicos más básicos, como la sanidad, la seguridad y la demanda de vivienda, las ayudas al alquiler, y aumenta el gasto de todas las Administraciones públicas”.
Ha criticado que los requisitos exigidos para esta regularización “son completamente laxos”, citando como ejemplos haber trabajado, disponer de una oferta de empleo o acreditar voluntad de ejercer como autónomo, así como la presentación de un informe de vulnerabilidad, que “se está emitiendo como churros por ciertas entidades colaboradoras registradas para tal fin”.
También ha señalado que “también es suficiente con que demuestren que tienen un núcleo familiar de ascendientes y descendientes aquí, así como no contar con antecedentes penales ni aquí ni en sus países de origen, extremos que están creando una notable inseguridad jurídica, ya que los informes de antecedentes penales de ciertos países no tienen la necesaria fiabilidad” porque “hay conductas que en sus países pueden no ser delito y aquí son delito, y no se tienen en cuenta, por ejemplo, los antecedentes policiales, e incluso pueden solicitarlo personas que están en prisión preventiva, que pueden haber cometido un delito grave, lo que es un sinsentido”.
Arranz ha reprochado que “los distintos portavoces de Pedro Sánchez no esconden sus intenciones y verdaderos intereses con tal regulación extraordinaria”, aludiendo a declaraciones como que “tras la regularización de inmigrantes vamos a por la nacionalidad y a que puedan votar, y celebran por supuesto esa regulación extraordinaria”.
Ha añadido que “no se nos escapa el interés de ciertas élites políticas por alterar el censo electoral y silenciar la voluntad de los españoles, hipotecando gravemente por su futuro, su seguridad y su prosperidad”, y ha calificado de “un fraude” la “supuesta necesidad” de estas regularizaciones para sostener las pensiones y el Estado del Bienestar.
Extranjeros en paro y efecto en el mercado laboral
El diputado se ha apoyado en un informe de la Fundación Disenso para sostener que “la inmigración, poco cualificada, no compensa el déficit estructural de nuestro sistema, sino que lo agrava” y que “la inmigración no cualificada no paga pensiones, sino que genera déficit, nos cuesta más de lo que aportan” y, además, “no todos vienen a trabajar”.
“España no necesita inmigración ni a corto ni a medio plazo”, ha enfatizado Arranz, recordando que existen tres millones de trabajadores españoles en paro y, al mismo tiempo, cientos de miles de extranjeros desempleados: “Actualmente más de 3,9 millones de inmigrantes viven en nuestra nación sin trabajar, representando el 58% del total, alrededor de 7 millones de extranjeros”.
Prioridad nacional y modelo migratorio
El parlamentario de Vox ha defendido la prioridad nacional en el acceso a “cualquier ayuda o prestación pública”, y ha argumentado que “mientras los españoles padecen una profunda emergencia social y económica con cada vez menos poder adquisitivo, incapaces de acceder a una vivienda en propiedad y abandonados a la inseguridad y a la falta de infraestructura, este Gobierno ha decidido avanzar en su agenda de sustitución demográfica a costa del bienestar de todos y el resultado es que cada año la inmigración detrae a los españoles más recursos de los que aporta, condenando al futuro de todos”.
En esta línea, ha defendido “una política migratoria clara y firme”, que renuncie a regularizar a cualquier migrante en situación ilegal y que avance en la repatriación de quienes se encuentren de forma irregular en el país.
Medidas incluidas en la proposición no de ley
Arranz ha detallado las medidas recogidas en la iniciativa que se debatirá y votará este jueves, entre ellas que las Cortes rechacen expresamente el proceso de regularización extraordinaria, la repatriación de quienes estén en situación ilegal y de los menores extranjeros no acompañados, así como la deportación de cualquier inmigrante que cometa delitos graves o que haga del delito leve “su forma de vida”, también “el que decida no integrarse en la cultura de la nación que le acoge o pretenda imponernos la suya, y establecer el principio de prioridad nacional”.
Otras propuestas pasan por “la remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, pretendan vivir de las ayudas sociales y supongan un lastre para el Estado del Bienestar de los españoles”, así como “condicionar” el acceso de los inmigrantes legales a los servicios públicos a sus años de cotización. Ha advertido, además, de la “emergencia habitacional sin precedentes y la emergencia de inseguridad en las calles, también en el acceso al empleo y a unas condiciones laborales dignas” en un contexto de “saturación inmigratoria”.
Frente a ello, el diputado ha abogado por “una política migratoria firme, ordenada y acorde a las necesidades de nuestro país en cuanto al mercado laboral, asegurando en todo caso la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado del Bienestar de los españoles, así como la capacidad y voluntad de adaptación a nuestra cultura y costumbres”.
Entre las medidas planteadas, ha recomendado “suprimir toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes ilegales que han entrado en nuestra nación vulnerando las leyes españolas y comunitarias, a excepción de las ayudas imprescindibles humanitarias que precisen hasta la devolución a sus países de origen” y “eliminar las subvenciones a asociaciones, organizaciones, fundaciones y ONG que promuevan o faciliten de cualquier forma la inmigración ilegal y el tráfico de personas, así como endurecer las penas contra las mafias de la inmigración ilegal y a todos sus colaboradores”.
Vox propone igualmente “suprimir la institución del arraigo como herramienta jurídica para permitir la residencia legal de las personas que hayan accedido de forma ilegal” a España e impedir el empadronamiento de los residentes en situación irregular.
Asimismo, plantea impulsar incentivos y bonificaciones fiscales a la contratación de trabajadores españoles y suspender la cooperación al desarrollo con aquellos países que no colaboren en la gestión de los flujos migratorios hasta que cumplan los acuerdos bilaterales suscritos.