QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Álvaro Sanz, diputado de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón, ha expresado su desaprobación este jueves ante la prensa por la ‘gravísima situación generada por el Partido Popular’ debido al impedimento en los acuerdos para el reparto de menores migrantes no acompañados entre diferentes comunidades autónomas. Sanz ha tildado la actitud del PP de ‘ultra racista’ y ha hablado de ‘profundo desprecio institucional’.
Sanz ha criticado duramente al Gobierno de Jorge Azcón por unirse al rechazo del PP de participar en la conferencia sectorial estatal, lo que resultó en la no aprobación de 22 millones de euros destinados a la acogida de estos jóvenes. ‘El Partido Popular está poniendo piedras en el camino de una respuesta solidaria y coordinada. Su ausencia no solo impide acuerdos, sino que ahonda en una estrategia de confrontación con otras Comunidades y con el Gobierno central’, afirmó Sanz.
El representante de IU destacó que la distribución de menores es un deber legal, respaldado por un Real Decreto aprobado en el Congreso, y que continuará a pesar del bloqueo. ‘Judicializan, mienten y niegan información a la ciudadanía sobre el estado del sistema de protección en Aragón. Lo que hacen es racismo institucional’, declaró Sanz, quien también señaló ‘la falta de transparencia del Ejecutivo autonómico sobre los datos reales de atención a menores y la financiación disponible’.
Marga Deyá, responsable de Derechos Sociales y Feminismo de IU Aragón, indicó que el colapso del sistema de acogida no es causado por la llegada de menores migrantes, sino por los recortes sistemáticos del Gobierno aragonés. Según Deyá, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) redujo 6,8 millones de euros en conciertos para centros de menores en marzo de este año, mientras que se aumentó el gasto en publicidad institucional hasta 16 millones.
Deyá mencionó que este recorte se efectúa a través del cierre en 2025 de centros de menores como el Juan de Lanuza I y el centro que reemplazará al centro de Ateca, además de la cancelación de 140 plazas del programa ’17 Plus’ que en 2019 se contempló como un programa puente para acoger a migrantes de esa edad. ‘El Gobierno fuerza un colapso para justificar su política insolidaria. No es una cuestión de falta de recursos, es una decisión política’, concluyó.
IU exige al Gobierno de Aragón que asuma su responsabilidad en la protección de la infancia y respete los principios de solidaridad y derechos humanos. ‘Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que merecen protección y dignidad. Las comunidades deben estar preparadas para acoger, no para cerrar puertas y sembrar odio’, han concluido.
