El Pleno de las Cortes de Aragón ha respaldado este jueves el refuerzo del proyecto del Nudo Mudéjar y ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica que acelere la denominada “transición justa” en la comarca de Andorra (Teruel). La Cámara autonómica ha dado luz verde por unanimidad a una proposición no de ley, con enmienda incluida, presentada por el PP y defendida por la diputada Silvia Casas.
El Parlamento aragonés ha pedido al Gobierno central que lleve a cabo “un análisis detallado del proyecto energético que finalmente se ha presentado por parte de la empresa adjudicataria del Nudo Mudéjar de 400 megavatios, que permita salvar la mayor parte del proyecto inicialmente planteado, con pleno cumplimiento de las condiciones ambientales impuestas, así como la realización de una auditoría del grado de cumplimiento del Plan de Acompañamiento.”
Igualmente, se insta al Ejecutivo estatal a “determinar si la reducción sustancial del proyecto adjudicado en el Nudo Mudéjar constituye un incumplimiento de las condiciones esenciales que motivaron la adjudicación, especialmente en términos de potencia instalada, inversión comprometida y generación de empleo”.
En el supuesto de que se aprecie ese incumplimiento, las Cortes reclaman “a la adopción de medidas legales oportunas frente a la empresa adjudicataria, incluyendo, en su caso, la revisión del otorgamiento de los derechos de acceso y la exigencia de responsabilidades conforme al ordenamiento jurídico y, en su caso, depurar las responsabilidades que pudieran derivarse tanto de la actuación de la empresa adjudicataria como de la propia Administración por falta de control, supervisión o adecuada coordinación del proceso”.
La institución parlamentaria también ha urgido al MITECO a que “en su caso, los megavatios sobrantes en este concurso se puedan adjudicar a otras iniciativas que desarrollen proyectos industriales y tecnológicos generadores de empleo de manera simultánea al proyecto energético” y ha solicitado “la adopción de medidas que permitan recuperar la capacidad energética, y en especial el alcance de los proyectos industriales, agrícolas y del sector terciario previstos en el Plan de Acompañamiento, garantizando su viabilidad técnica, económica y ambiental”.
Además, se reclama “una mayor coordinación entre los procesos de concursos de generación energética que suponen adjudicación de capacidad y la evaluación ambiental, articulando mecanismos de transparencia y seguimiento de los proyectos con participación expresa de las entidades locales y las comarcas afectadas, con el fin de evitar situaciones de inseguridad jurídica y cambios sustanciales posteriores que perjudiquen el desarrollo de los proyectos”.
Compromisos de transición justa y demandas territoriales
Entre las actuaciones adicionales incluidas en la iniciativa figura “garantizar el cumplimiento efectivo de los compromisos de transición justa adquiridos tras el cierre de la central térmica de Andorra, asegurando la creación de empleo, la atracción de inversiones y la reindustrialización de la zona” e “instar al Gobierno de España a la realización urgente de las infraestructuras necesarias y largamente demandadas como la autovía A-68, al menos entre Fuentes de Ebro y las Ventas de Valdealgorfa, empezando por los proyectos ya redactados que dispone el Ministerio de Transportes”.
Asimismo, se plantea “promover medidas específicas de apoyo a la provincia de Teruel y a las localidades de Transición justa, en especial el municipio de Andorra, como territorio especialmente afectado, mediante incentivos adicionales que favorezcan el asentamiento de población, la actividad económica y la cohesión territorial”.
Las Cortes también han pedido “reforzar el papel del Nudo Mudéjar 400kv como proyecto estratégico de interés económico fundamental, clave para la lucha contra la despoblación, la generación de empleo estable y el desarrollo sostenible de Aragón, en su capacidad de generación y de consumo” y han solicitado al Gobierno central que revise el convenio de Transición Justa suscrito con el MITECO, “renovándolo para reforzar los compromisos adquiridos de lucha contra la despoblación y la articulación de medidas compensatorias y efectivas para la generación de empleo, fijación de población y desarrollo económico de las Comarcas Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Aragón”.
Finalmente, se demanda al Ejecutivo estatal que promueva “un estudio sobre la viabilidad técnica, económica y energética del aprovechamiento de excedentes de energía renovable en período de baja demanda mediante sistemas de elevación de agua por bombeo procedentes del río Ebro y su utilidad para el desarrollo de nuevos regadíos en la margen derecha del Ebro”.
Críticas políticas y preocupación por el futuro de Andorra
La diputada del PP Silvia Casas ha denunciado que “el Gobierno de España ha fallado de nuevo a la provincia de Teruel y esto no es una cuestión menor”, recordando que el proyecto se anunció como “pionero” en la UE, con más de 1.600 millones de euros de inversión y miles de empleos, pero que ha estado marcado por “falta de planificación, retrasos interminables y una ausencia absoluta de coordinación con el territorio”.
“Cuatro años perdidos en los que se han destruido puestos de trabajo, se han cerrado negocios y muchas familias han tenido que marcharse de nuestros pueblos como conocemos todos los que gobernamos en estos pueblos. Y ahora que parecía que comenzaba a verse la luz, el Ministerio vuelve a cambiar las reglas del juego generando una gran inseguridad jurídica”, ha añadido la parlamentaria popular.
Según Casas, “se han cambiado las reglas del juego en mitad del partido poniendo en riesgo no solo inversiones millonarias sino jugando con el futuro de toda una comarca porque aquí no peligra solo la generación de energía, sino que peligra también el plan de acompañamiento y las iniciativas que acompañaban a dicho proyecto para generar empleo estable en nuestro territorio”. Ha reivindicado que “el Gobierno de Aragón sí que ha cumplido” al declarar la inversión de interés autonómico, reunirse con los alcaldes, impulsar el proyecto Lanza Teruel y apoyar el centro de datos de La Puebla de Híjar.
Desde CHA, su portavoz Jorge Pueyo ha advertido de que “la transición energética no puede convertirse en una excusa, como estamos viendo, para vaciar todavía más el territorio”, lamentando que “las promesas no se están cumpliendo” y que “hay muchas familias que siguen esperando”, para después acusar a los populares de utilizar la provincia de Teruel “como arma política para hablar de despoblación, pero cuando gobierna el otro partido en Madrid”.
La diputada de IU, Marta Abengochea, ha denunciado el “abandono institucional” del proyecto del Nudo Mudéjar y, especialmente, del municipio de Andorra, reclamando “soluciones reales” para la zona. Ha defendido la descarbonización económica “contando con la gente del territorio”.
Por parte del PSOE, el parlamentario Rafael Guía ha reprochado al PP que “siempre está al lado de los poderosos” y ha subrayado que el Gobierno de Aragón “es de todos los aragoneses”, remarcando que el Ejecutivo autonómico tiene “alguna responsabilidad” en este asunto y pidiéndole que respalde de forma clara al territorio.
El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha señalado a la adjudicataria, Enel Green Power, como principal “responsabilidad” de que el Nudo Mudéjar no avance y ha insistido en que “no se puede jugar con el territorio y con la gente así”, criticando las sucesivas rebajas de potencia, de 1.600 a 400 megavatios, y recordando que tanto el Gobierno de España como el de Aragón comparten responsabilidad en la ejecución del proyecto.
En nombre de Vox, Juan Vidal ha considerado que la transición justa “ha resultado un completo fraude” y ha lamentado que “cinco años después la comarca se vacía, las familias se marchan y las promesas de miles de puestos de trabajo se han evaporado”.