El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha defendido este miércoles que “hay una mayoría social a la que le parece bien” la estrategia de desregulación, subrayando que no implica desprotección sino “al revés”.
Durante su comparecencia ante la Comisión sectorial de las Cortes autonómicas para detallar las líneas de trabajo de la legislatura, ha remarcado que “por primera vez Aragón cuenta con una Vicepresidencia Primera de Desregulación” con la finalidad de “pasar de una Administración que obstaculiza a una que facilita la vida de los ciudadanos”.
Ha planteado “reducir el gasto superfluo e ineficiente porque esto nos permitirá destinar recursos a quienes más lo necesitan” y ha avanzado el impulso del Plan Aragón Agiliza, que incluirá la extensión de la declaración responsable “donde sea legalmente posible” y el fomento del silencio administrativo positivo “como norma general”.
Entre sus prioridades figura “reducir al 50% las subvenciones para sindicatos y organizaciones empresariales por representación institucional”, al considerar que “se gasta en intereses de 'lobby' o con fin partidista”, así como recortar las partidas de cooperación exterior en la actual “situación de emergencia” para “destinar los recursos primero aquí”. Ha anunciado auditorías para localizar gasto improductivo, una ley de unidad de mercado nacional y el refuerzo de la oficina de asuntos presupuestarios.
Nolasco ha cuestionado si la paz social consiste en “dar dinero a sindicatos que no se quejan cuando la luz sube como nunca” y ha reclamado que se financien con sus propias cuotas en lugar de hacer “mariscadas”. A su juicio, “la izquierda es la que más ha creado chiringuitos reguladores”.
Familia y bienestar social como ejes de la legislatura
El segundo gran bloque de su plan se centra en la familia, “núcleo fundamental de la sociedad”. Ha explicado que incorporará esta óptica en las decisiones del Ejecutivo, con iniciativas como aumentar las plazas en residencias y centros de día para “garantizar una atención digna a quienes han levantado con su esfuerzo nuestra nación”, además de crear nuevas unidades de salud mental infanto-juvenil.
Ha asegurado que el búnker de radioterapia en Teruel “va a ser una realidad” y se ha comprometido a respaldar los cuidados paliativos para ofrecer una atención “integral, digna y de calidad en situaciones de máxima vulnerabilidad”. Asimismo, ha adelantado que se reforzarán las casas de infancia rurales de 0 a 3 años hasta llegar a 18 centros en 2026.
En materia de ayudas sociales, el departamento aplicará el principio de prioridad nacional, con requisitos ligados al arraigo y a la trayectoria de cotización, dejando fuera de las ayudas estructurales, salvo urgencia vital, a quienes se encuentren en situación irregular y excluyendo del acceso a vivienda pública a quienes hayan ocupado inmuebles. Además, se pondrá en marcha un servicio de verificación del padrón para “combatir el uso indebido de los fondos públicos”.
Respecto a la dependencia, ha destacado que “Aragón está en el podio” al situarse como la segunda comunidad más rápida en la tramitación de estas prestaciones. Sobre los menores extranjeros no acompañados, ha sostenido que, cuanto menos recursos se destinen a este colectivo, más se podrán dedicar a la tercera edad.
Ha vinculado la prioridad nacional con la responsabilidad de los poderes públicos por “el deber primario de todo Gobierno” de sostener a quienes “más han contribuido a nuestro sistema de bienestar”. “No es otra cosa que patriotismo social”, ha concluido.
Apoyos y críticas de los grupos parlamentarios
La diputada del PP Susana Gaspar ha recordado que “las urnas dijeron que los partidos de izquierda ya no representan la mayoría social” y ha reprochado sus acuerdos a nivel estatal con los herederos de ETA. Ha acusado a los anteriores gobiernos de dejar “unos servicios sociales infradotados, sin personal, con recursos mal planificados” y ha censurado a quienes “vienen a rasgarse la vestiduras” por la dependencia, a su entender tratada como “de segunda o tercera”. Ha señalado que, con la izquierda, las listas de dependencia “estaban copadas” y las de discapacidad “ocultas”, defendiendo la atención temprana.
Desde el PSOE, Mónica Iglesias ha calificado de “preocupante” que Bienestar Social se vincule a Desregulación, porque “lo que la ciudadanía espera es más protección, una Administración con una mayor capacidad de respuesta”, y ha descrito Desregulación como “un bastión” de Vox que prepara “una nueva era” en este campo. Ha reivindicado los “tratos dignos” a las personas vulnerables, ha rechazado recortes en la protección social y ha recordado que en Aragón viven 300.000 personas mayores de 65 años y que buena parte del territorio es rural, reclamando adaptar los recursos a cada zona. Ha resaltado el papel del Tercer Sector, pidiendo “sensatez y rigor técnico” y no “una visión asistencialista de las políticas sociales”, y ha abogado por reforzar las ayudas para “garantizar el mínimo vital”.
El diputado de Vox David Arranz ha valorado las medidas incluidas en el pacto PP-Vox, como las políticas de familia frente a “la llamada perspectiva de género que tanto daño ha causado”, y ha defendido “ser útiles para atender a los intereses comunes de los aragoneses”. Ha sostenido que la desregulación responde a “un clamor popular” porque “el exceso de regulación acaba creando una maraña legal que genera inseguridad jurídica”, y ha reivindicado la simplificación administrativa. “Vamos a reducir el gasto innecesario” mediante menos burocracia y acabando “poco a poco” con el exceso de trámites, ha indicado.
Para Arranz, Bienestar Social y Familia requiere “coordinación y coordinación adecuadas para lograr una mayor coherencia y eficacia” y así disponer de unos servicios sociales “justos”, ya que “la calidad ética de una sociedad también se mide por ayudar a quienes son más vulnerables”. Ha asegurado que “la prioridad nacional estará presente también” en este ámbito y ha alertado sobre “el efecto llamada”. Ha advertido de que “vamos a ser duros con el fraude y el abuso de derecho”, citando los fraudes en el padrón y extendiendo esa firmeza a las ONG que apoyen a menores extranjeros no acompañados.
Debate sobre la desregulación y el papel de lo público
En representación de CHA, Mary Carmen Bozal ha recalcado que este departamento “tiene que ver con sostener a los aragoneses y aragonesas y poner a los aragoneses en el centro” y, en cuanto a desregulación, con “simplificar”. Ha criticado que ambas áreas se integren “en el mismo saco” y ha llegado a considerar que Desregulación puede convertirse en “un chiringuito más”. A su juicio, la realidad social de Aragón “necesita instituciones útiles” y no “una lógica permanente de vaciamiento de lo público”, y ha pedido aclarar el futuro del IASS tras la creación de una nueva dirección general que, según ha dicho, genera “confusión institucional” mientras “hay familias esperando ayudas y menores en situación de riesgo”.
La diputada de IU, Marta Abengochea, ha sostenido que “los recursos son limitados porque ustedes perdonan impuestos a los ricos” y ha descrito la desregulación como “un cajón de sastre”. Ha advertido de que Nolasco asume la gestión de “lo más sagrado para la sociedad” al reunir bienestar social y familia en un mismo departamento, recordando que de sus decisiones depende “la seguridad humana” de los hogares más vulnerables.