QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Comisión de Hacienda, Presupuestos, Interior y Administración Pública del Parlamento aragonés aprobó, con el respaldo del PP, una proposición no de ley propuesta por Vox que busca que el Gobierno de Aragón «establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes, con el objeto de comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera».
Además, se exige que se presenten propuestas concretas sobre el mantenimiento, transformación o cierre de estas entidades, en línea con el Art. 81.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
En la sesión, Fermín Civiac de Vox explicó que la medida busca «instar al Gobierno a cumplir las normas sobre la supervisión legal de los entes para verificar si aún se cumplen los objetivos por los que fueron creados». Por su parte, Blanca Puyuelo del PP apoyó la iniciativa señalando la urgencia de «impedir la continuidad de entidades públicas cuyo objeto social haya desaparecido» y destacó la falta de supervisión actual.
Contrario a esta visión, Óscar Galeano del PSOE criticó la proposición por considerarla influida por la política estatal y por presentar omisiones significativas. José Luis Soro de CHA denunció que la proposición parece más un intento de promover la narrativa de la extrema derecha contra los ‘chiringuitos’. Finalmente, Tomás Guitarte de TE recordó que la regulación propuesta ya está cubierta por leyes estatales y autonómicas, acusando a la iniciativa de ser una estrategia política más que una necesidad fiscal.
