QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
En un reciente debate en el Parlamento de Aragón, Carmen Susín, consejera de Bienestar Social y Familia, ha destacado que la recepción de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias se llevará a cabo “sin financiación del Estado”. Esta cuestión fue abordada tras una interpelación de Pilimar Zamora, diputada del PSOE.
Los menores, en su mayoría de 16 y 17 años, requieren de un “sistema de integración sociocultural y formación que les permita integrarse pronto al mercado laboral y comenzar una vida independiente con garantías”, explicó la consejera. Susín criticó la falta de financiación del Gobierno central, argumentando que esto infringe los derechos de estos jóvenes y el Reglamento de Extranjería, además de mencionar la mala tramitación de muchos expedientes y la falta de respeto por la voluntad de los menores de ser acogidos donde tienen familiares directos.
“Ningún menor en Aragón va a volver a dormir en una comisaría en espera de una plaza en un centro”, aseguró Susín, quien también condenó “la utilización que está haciendo el Gobierno de España de los menores extranjeros no acompañados, que no son más que víctimas de la situación que viven en sus países y sus familias y de las mafias”.
La consejera subrayó que la protección de menores incluye “el conjunto de actuaciones que, en el marco del sistema público de servicios sociales, tienen como finalidad prevenir, detectar y corregir las situaciones de riesgo y desamparo mediante la integración del menor en grupos naturales de convivencia, en condiciones básicas suficientes que posibiliten su participación en la vida familiar, económica, social y cultural y su desarrollo integral como persona”.
Además, Susín abogó por “la desinstitucionalización” de los menores que residen en centros de protección y llamó a más familias a sumarse al proyecto de acogida, mientras que Zamora criticó la gestión de la consejera, mencionando la sobrecarga del sistema de atención a la infancia y la amenaza de huelga del sector tras el fracaso en las negociaciones del convenio autonómico.
