El grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón llevará este jueves al Pleno una proposición no de ley con la que pretende detener de manera inmediata el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, al entender que supone una “competencia desleal” para los agricultores y ganaderos aragoneses y españoles frente a los productores sudamericanos.
En la propuesta, Vox insta al Gobierno de España a rechazar el acuerdo UE-Mercosur y le reclama la elaboración de un informe que detalle el impacto económico y social sobre el campo español, así como su suspensión provisional y la convocatoria de un referéndum consultivo antes de una aprobación definitiva. Del mismo modo, exige al Ejecutivo central un rechazo explícito al Pacto Verde y a la Agenda 2030, con especial mención a las estrategias “De la granja a la mesa” y de “Biodiversidad”, en línea con el acuerdo PP-Vox para el Gobierno de Aragón, donde se recoge “el blindaje” del sector primario frente a la Agenda 2030 y su defensa ante “las imposiciones de Bruselas y el Pacto Verde”.
El portavoz de Vox, Santiago Morón, ha subrayado que el pacto PP-Vox firmado el 22 de abril, que hizo posible el actual Gobierno autonómico, incluye el “rechazo explícito” al acuerdo con Mercosur mientras no se asegure “la igualdad” de condiciones para el sector agropecuario aragonés. Morón pretende que todos los grupos de la Cámara aclaren si dicen “sí a favor del campo” aragonés o “están en contra de los intereses de los agricultores y ganaderos”.
Según ha señalado Morón, “Nuestros agricultores y ganaderos no pueden competir con los sudamericanos” porque estos operan con requisitos fitosanitarios y sociales “mucho más laxos” que los aragoneses. Ha recordado, además, que el grupo del Parlamento Europeo Patriots, al que pertenece Vox, impulsó el envío del acuerdo al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para que emitiera un informe jurídico sobre la compatibilidad del texto con los Tratados comunitarios.
Los diputados de Vox muestran su preocupación por la decisión de la Comisión Europea de poner en marcha de forma provisional el acuerdo, por lo que reclaman su paralización “de forma efectiva” hasta que el TJUE haga público su dictamen jurídico.