El consejero de Política Territorial, Emergencias y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha avanzado este miércoles que la reforma de la Ley del Suelo se someterá a aprobación del Consejo de Gobierno en junio, para posteriormente ser enviada al Consejo Consultivo y llegar al Parlamento autonómico en el mes de julio para iniciar su tramitación.
En el marco de una pregunta formulada por el Grupo Socialista en una comisión parlamentaria, Miranda ha reivindicado el “trabajo sigiloso” desarrollado por su departamento durante casi un año junto a los ayuntamientos y en el periodo de exposición pública, con la finalidad de culminar en un “buen documento” que resulte “jurídicamente impecable”.
Ha subrayado que los decretos impulsados por el Ejecutivo en lo que va de legislatura no provocan inseguridad jurídica, sino que aportan “soluciones inmediatas a problemas reales”, como la simplificación de los procedimientos, la reducción de cargas administrativas, la mejora en la gestión del planeamiento y el objetivo de “facilitar” la actividad económica para que sea “compatible” con el territorio.
El consejero ha recordado que la ley aprobada en 2017 fue “ambiciosa” y dejó un “modelo” de ordenación territorial, aunque considera imprescindible una “actualización” porque “la realidad social cambia y las jurisprudencias evolucionan”.
Ha incidido en que la revisión normativa se ha llevado a cabo “sin prisa” y de una “forma dialogada” con los municipios, además de registrar un volumen elevado de alegaciones durante el proceso.
Miranda ha manifestado su disposición a “consensuar todo aquello que se pueda” para que la nueva ley “tenga el mayor respaldo” posible de la Cámara, en coherencia con el trabajo previo realizado con cabildos y ayuntamientos para corregir sus “desajustes”.
Nogales critica la falta de texto definitivo y la inseguridad jurídica
Rafael Nogales (PSOE) ha afirmado que la reforma de la Ley del Suelo está marcada por “anuncios, titulares y declaraciones incumplidas”, ya que, tres años después, se continúa “sin conocer un texto definitivo donde participar” y “atrapados en la misma parálisis administrativa que dicen querer combatir desde el Gobierno”.
“Llevamos mucho tiempo escuchando al Gobierno hablar de simplificación y de agilización en la tramitación de licencias pero la ciudadanía sigue esperando durante años”, ha señalado, recalcando que los ayuntamientos “continúan desbordados técnicamente y con mucha inseguridad jurídica”.
Ha puesto el foco en que numerosos municipios carecen de suelo disponible para impulsar viviendas protegidas y ha reprochado a Miranda que la norma vaya a entrar en el Parlamento casi un año más tarde del plazo comprometido.
Asimismo, ha cuestionado los cuatro decretos leyes aprobados por la vía de urgencia que “han pellizcado” la ley vigente, en algunos casos con “informes desfavorables” del Consejo Consultivo, insistiendo en que Canarias “continúa sin una hoja de ruta clara en materia territorial y urbanística”.
Ha alertado de que existe “retraso” en los planeamientos municipales, lo que repercute en “consecuencias sobre el acceso a la vivienda” y erosiona la “confianza institucional”, puesto que “cada anuncio que no se concreta deteriora aún más la credibilidad del Gobierno”.
“Gobernar no es anunciar”, ha subrayado, al tiempo que ha reiterado que se sigue “sin saber qué modelo de crecimiento territorial defiende realmente” el Ejecutivo autonómico. “Canarias no necesita más propaganda legislativa, Canarias necesita seguridad jurídica, planificación y gestión eficaz”, ha enfatizado.
Nogales considera que el archipiélago “necesita una verdadera nueva ley del suelo, clara, estable y a poder ser consensuada” y no “improvisación, inseguridad y oportunidades perdidas”, que, a su juicio, es lo que ha predominado en esta legislatura.