Los grupos que sostienen al Gobierno de Canarias --CC, PP, ASG y AHI-- han registrado de manera conjunta 46 propuestas de resolución cuyo eje central es la puesta en marcha de un paquete de actuaciones para proteger la economía y la cohesión social del archipiélago, articuladas en torno al “Decreto Canarias”.
Las iniciativas incluyen la “defensa firme, técnica y política” del REF (Régimen Económico y Fiscal) y su actualización, la culminación de las transferencias aún pendientes del Estatuto de Autonomía, el respeto a las partidas previstas en los PGE y en los convenios bilaterales, así como fijar una postura única en la UE en defensa del “estatus RUP” ante la negociación del nuevo marco financiero 2028-34.
Los grupos reclaman además al Ejecutivo autonómico una política fiscal solidaria entre islas que corrija los desequilibrios de las islas no capitalinas, junto con medidas específicas para mitigar el impacto de la guerra en Oriente Medio.
Del mismo modo, plantean una “política de Estado y europea consensuada” para la acogida migratoria en Canarias, un plan de simplificación administrativa, una estrategia de diversificación económica y un programa para impulsar el teletrabajo y atraer talento hacia las islas no capitalinas.
También abogan por una defensa contundente del sector primario, manteniendo y mejorando el Posei y reclamando medidas compensatorias ante el acuerdo comercial de la UE con Mercosur, por la reforma de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias y por que las políticas activas de empleo se adapten a las particularidades territoriales.
Las formaciones solicitan igualmente más financiación estatal para vivienda, la actualización de las compensaciones al transporte de mercancías, la cogestión de los aeropuertos y la desprivatización de Aena, así como la firma de un nuevo convenio de obras hidráulicas con el Gobierno central.
Entre otros puntos, se plantea la reducción de ratios en educación y el diseño de una estrategia integral y territorializada para la FP, el refuerzo de la colaboración con las universidades públicas y la puesta en marcha de una Estrategia Canaria Contra la Pobreza que contemple el desarrollo de los complementos de la Renta Canaria de Ciudadanía, la interoperabilidad con el IMV (Ingreso Mínimo Vital) y la posibilidad de complementar las pensiones no contributivas.