Los cabildos insulares han dado este martes su visto bueno, aunque con reparos desde Gran Canaria, en la Comisión General del Parlamento de Canarias a un decreto ley del Ejecutivo autonómico que retoca la Ley del Suelo. La norma amplía los tiempos de tramitación de los planes urbanísticos y concede a las cooperativas un margen de dos años para adecuar sus estatutos a la legislación regional.
El consejero de Política Territorial, Aguas y Emergencias, Manuel Miranda, ha señalado que se "sigue trabajando" en la reforma global de la Ley del Suelo, pero considera que este decreto permitirá a numerosos ayuntamientos culminar la aprobación de sus planes generales, como ya ha ocurrido con San Bartolomé (Lanzarote) y San Miguel (Tenerife).
Ha añadido que se está actuando en la misma dirección con los planeamientos de Arrecife, La Orotava y Mazo.
Para Miranda, el decreto ley es "necesario, excepcional y proporcionado" y evitará la "espada de Damocles" que suponen las restricciones temporales en los procedimientos urbanísticos.
La vicepresidenta del Cabildo de El Hierro, Ana González, ha dicho compartir la idea de fijar plazos para tramitar planes y proyectos urbanísticos, pero ha recordado que la "realidad administrativa demuestra que no todos los territorios parten de las mismas condiciones".
En el caso de El Hierro, ha indicado que existe una estructura administrativa "reducida" y con "dificultades objetivas" para licitar obras públicas, lo que retrasa los tiempos de tramitación.
González considera que el decreto ley "corrige esta disfunción de manera equilibrada y prudente" al permitir una prórroga de dos años del informe ambiental estratégico, y ha insistido en que no supone una "desregulación ambiental" porque "sólo se prorroga cuando todo sigue igual" desde el punto de vista territorial.
La consejera de Presidencia, Ordenación del Territorio, Accesibilidad Informática y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Fuerteventura, Nereida Calero, no ha formulado "ninguna objeción" a la extensión de los plazos urbanísticos y ha reflexionado sobre que el Parlamento aprueba leyes "con la mejor de las intenciones" pero que luego "pueden causar unos daños que son una absoluta locura".
María Miranda, consejera de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, ha lamentado que se esté debatiendo "más de lo mismo", al introducirse otra modificación de la Ley del Suelo sin abordar una revisión de fondo, cuando ya en 2017 se advirtió de que sería una norma "conflictiva" que iba a "judicializar" el planeamiento.
En esa línea, ha reprochado al Gobierno que siga "toqueteando la Ley del Suelo" sin que exista una "urgencia" que lo justifique, de acuerdo con el Consejo Consultivo, y ha recordado que resulta "doloroso" para una administración iniciar un expediente "desde cero" tras una nulidad.
"Le ruego al Gobierno y al Parlamento que por favor se tomen en serio el Parlamento, y lo digo con mucho respeto. No podemos gobernar y no podemos planificar como se está haciendo, ya lo avisamos en 2017. Han acabado con el planeamiento para que los proyectos sean los que manden en el territorio", ha señalado.
El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha expresado su respaldo al decreto ley, asumiendo que el planeamiento en Canarias es "muy complejo" y que debe ir ajustándose "poco a poco" en la Cámara autonómica para que los trámites ambientales "no se alarguen y caduquen".
Según Curbelo, "estamos pidiendo una agilidad increíble para construir viviendas cuando hay ayuntamientos que tardan dos años y más para otorgar una licencia".
El dirigente gomero se ha mostrado favorable a "revisar" todo lo relacionado con el planeamiento y "dimensionar" la realidad específica de cada isla.
Lanzarote defiende una norma “crucial” para su planeamiento
El consejero de Ordenación del Territorio, Política Territorial, Ordenación Turística, Actividades Clasificadas y Cultura del Cabildo de Lanzarote, Jesús Machín, ha felicitado al consejero porque la nueva regulación ha impedido que caducara la tramitación del planeamiento de Arrecife.
También ha lamentado que la isla continúe sin plan insular tras haber sido "tumbado" en el anterior mandato, y ha expresado su "nostalgia frustración" ante las dificultades de gestionar un territorio sin instrumentos de planificación.
"Por eso entiendo la necesidad, entiendo lo crucial, entiendo lo necesario y fundamental que es ampliar este documento ambiental", ha añadido, subrayando que en las administraciones públicas los plazos son "muy difíciles de cumplir".
El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha señalado que, aunque la Ley del Suelo presenta aspectos a "corregir", este decreto se orienta a la "eficacia y eficiencia", ya que existen procedimientos "muy densos" que exigen numerosos informes sectoriales y "se suelen retrasar muchísimo en el tiempo", con impacto en las decisiones ambientales.
"Es un acierto absoluto el poder prorrogar este tipo de situaciones", ha remarcado.
El consejero de Presidencia, Administración, Servicio Público, Planificación Territorial y Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, ha valorado que se haya desarrollado un trámite de consulta previa con los cabildos y ha defendido la Ley del Suelo de 2017, que supuso un "gran avance" frente al texto refundido de comienzos de siglo, que se mostró "insuficiente".
Ha indicado que la reforma de la ley "requiere sin duda de un proceso bastante más largo", por lo que considera imprescindible este decreto para prorrogar proyectos ambientales estratégicos ante situaciones sobrevenidas. "Garantiza que todo ese trabajo realizado durante años no quede en nada", ha explicado.