La Comisión General de Cabildos Insulares, reunida este miércoles en el Parlamento de Canarias, ha dado su respaldo al decreto ley que introduce cambios en las leyes de cambio climático y transición energética, así como en la ley del suelo.
El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha explicado que este decreto supone una "reforma de facto" de la ley de cambio climático con el fin de "aclarar conceptos" que generaban "dudas interpretativas", reforzar la participación, impulsar el despliegue de las energías renovables y aprovechar instrumentos ya en marcha para "ganar agilidad y también coherencia en la planificación".
En esta línea, ha precisado que los 10 metros cuadrados por habitante contemplados en la norma "no constituyen un estándar adicional independiente, sino que computan dentro de la categoría de espacios libres" y se avanza en la regulación de la instalación de placas fotovoltaicas en cubiertas, distinguiendo entre uso no residencial, residencial colectivo y residencial unifamiliar.
Asimismo, se plantea acelerar la aprobación del Plan Canario de Adaptación Climática, introducir nuevos ajustes en la ley del suelo y dotar de "mayor operatividad" a la ley de transición ecológica.
"De esta forma, combinamos ambición ambiental, seguridad jurídica y cooperación interadministrativa para que la transición ecológica en Canarias siga avanzando de forma imparable", ha señalado.
La vicepresidenta del Cabildo de El Hierro, Ana González, ha destacado los "avances" del decreto porque amplía la implicación de ciudadanía e instituciones, aporta seguridad jurídica y desbloquea situaciones urbanísticas que frenan la rehabilitación, la implantación de renovables o la respuesta a la emergencia habitacional.
"Este decreto no es perfecto, ninguna norma lo es, pero contiene avances en sostenibilidad, energía limpia, participación local y adaptación climática", ha indicado.
La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha defendido que es necesario actuar con "determinación" y que la transición energética debe ser "justa" y no recaer sobre sectores concretos, reclamando un mayor peso de los cabildos en las decisiones. "Tenemos que ir de la mano en la implantación de las renovables", ha subrayado.
Ha recalcado que no puede tratarse de un proceso "impuesto, sino compartido" y que para ello resulta "imprescindible" la coordinación entre administraciones y un diálogo constante, especialmente en Fuerteventura, donde existe una demanda más elevada de proyectos energéticos.
Además, ha calificado el decreto de "avance" pero ha advertido de que no es un "punto final" dado que la transición energética debe ajustarse a las singularidades de cada isla.
El vicepresidente del Cabildo de La Gomera, Adasat Reyes, ha valorado igualmente el nuevo decreto y se ha mostrado "convencido" de que, aunque cada isla tiene sus particularidades, es necesaria una respuesta "común, clara y también eficaz".
Ha defendido que las nuevas disposiciones aportan "equilibrio entre planificación urbana y adaptación climática" y ha insistido en que la transición energética no debe llegar como una "imposición externa" ni sin retornos para el territorio.
"En Canarias no necesitamos duplicar documentos ni alargar procedimientos, necesitamos planificación, sí, pero también agilidad y coherencia en todo el ámbito burocrático. Este ajuste evita bloqueos, reduce burocracia y facilita que los instrumentos estratégicos estén operativos cuanto antes", ha expuesto.
En relación con el decreto que modifica la ley del suelo, ha indicado que "aporta claridad, desbloquea una figura imprescindible y en Canarias, y especialmente en islas con planeamientos complejos o desactualizados, permite usos provisionales desmontables y reversibles".
La Palma pide vincular las medidas a fijar población
Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma, ha coincidido en los "avances" que incorporan los decretos, aunque ha avisado de que pueden convertirse en un "lastre" para la eficacia de la planificación municipal, dado que las oficinas técnicas locales "están a lo que están".
Ha remarcado que serán "contundentes" en exigir que todas las actuaciones se orienten a fijar población en el territorio y que el despliegue de renovables se lleve a cabo en consonancia con los criterios del Cabildo.
El vicepresidente segundo del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, ha valorado la voluntad del Ejecutivo autonómico de alcanzar consensos con los cabildos, y ha planteado que el decreto pueda tramitarse como proyecto de ley para introducir mejoras e incorporar un tributo a favor de los ayuntamientos que albergan instalaciones de energía renovable en su término municipal "sin ninguna compensación".
Ha advertido, además, de la conveniencia de limitar el uso del artículo de interés general para proyectos renovables, al tratarse de un instrumento "excepcional" que no debe convertirse en vía ordinaria.
Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha defendido que la transición energética en las islas debe ser "local" y que la realidad insular no encaja en "corsés centralistas", resaltando que será "revolucionario" que un ayuntamiento pueda capitalizar el uso del suelo para ser "socio" de los proyectos.
Jesús Ramos (ASG) ha reconocido "lo difícil que es legislar en Canarias" por las peculiaridades del archipiélago, que obligan a introducir cambios, y ha pedido que el texto se tramite como proyecto de ley para ofrecer mayor seguridad a las inversiones.
El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha sostenido que el decreto incrementa la "maraña burocrática" en Canarias y "vuelve loca a la gente", calificando de "disparate" que se pueda destinar hasta un 2% del suelo a energías renovables.
"Llega un momento de dejar fanatismos climáticos y apostar por un mix energético decente, y un mix energético que haga que Canarias tenga menos apagones", ha remarcado.
Debate político sobre los cambios normativos
El portavoz de NC-BC, Luis Campos, ha considerado que el decreto es "absolutamente necesario" pero implica una "nueva modificación" de la ley del suelo, encadenando "parches parciales" más que una reforma integral, aunque ha recordado que la transición ecológica es el "reto más importante" al que se enfrenta la humanidad.
"Lo que nos ha llevado al punto donde estamos hoy es precisamente la falta de ambición, es precisamente los intentos de freno en defensa de los intereses particulares y empresariales de algunos frente al colectivo y frente al conjunto de la humanidad", ha apuntado.
La portavoz del Grupo Popular, Luz Reverón, ha defendido que el decreto es "valiente" y surge de la escucha a los cabildos, algo que "no sucedió" con la anterior ley autonómica.
Ha señalado que a menudo los problemas afloran en el momento de aplicar las leyes y cuando los técnicos comienzan a trabajar, por lo que ha felicitado al Gobierno por impulsar esta revisión.
Socorro Beato, del Grupo Nacionalista, ha indicado que el decreto ley contribuye a "aclarar dudas" en la aplicación de la normativa y permitirá acelerar la implantación de las renovables y mitigar los efectos del cambio climático.
Alicia Vanoostende (PSOE) ha criticado que se vuelva "a lo mismo" con un decreto ley que modifica otro decreto ley, se ha preguntado por su necesidad y ha expresado sus "dudas" sobre el "rigor, respeto institucional y seguridad jurídica".
Su compañera Nayra Alemán ha censurado la práctica del Gobierno de recurrir a decretos para alterar leyes y, aunque comparte el "diagnóstico" general, ha reclamado una "visión clara y estable" de la política territorial, sin "parches constantes".