La consejera de Universidades y Cultura, Migdalia Machín, defendió este miércoles el respaldo del Gobierno de Canarias a las universidades públicas, que situó como ejemplo en el presupuesto "récord" de este año, cifrado en 300 millones de euros.
En la Comisión de Educación del Parlamento, y en contestación a una pregunta de NC-bc, reclamó abrir un debate "serio y riguroso" sobre la financiación universitaria, recordando que "no es un problema sólo de Canarias" porque el Estado "también tiene que implicarse". Criticó que, hasta la fecha, el Gobierno central se haya limitado a convocar una comisión en 2025 "en la que no creó ni el acta y luego dejó de convocarla, por algo será".
Machín reprochó a la diputada canarista Carmen Hernández que centre sus exigencias en la comunidad autónoma y no en el Ejecutivo central. "Si usted me está exigiendo a la comunidad autónoma, exíjale también al Estado, cosa que no ha hecho en su intervención", le espetó, recordándole además que su formación dirigió la Consejería de Hacienda en la pasada legislatura y "conoce perfectamente" la regla de gasto y los límites presupuestarios.
La consejera subrayó que es "incuestionable" el incremento de 30 millones en las cuentas de este año y recalcó que hay que "seguir luchando" para mejorar la financiación, aunque afirmó no comprender el "debate sesgado" que, a su juicio, impulsa NC-bc.
Avanzó igualmente que el Ejecutivo continúa negociando con las dos universidades públicas canarias para cerrar en breve el contrato-programa. "Eso será lo que da estabilidad", apuntó, sin aclarar si ha firmado o no el manifiesto de apoyo a las universidades públicas promovido por una plataforma ciudadana.
Por su parte, Hernández (NC-bc) valoró el compromiso expresado por Machín con las universidades públicas, en contraste con el discurso del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien sostiene que invertir en educación "deprime la economía".
La diputada explicó que el manifiesto ciudadano cuenta ya con el respaldo de casi 4.500 firmantes, que denuncian una "ofensiva ultraliberal" orientada a impulsar centros privados en detrimento de los públicos. Por ese motivo, reclaman un pacto que blinde a las universidades públicas frente a su "desmantelamiento progresivo" y reconozca su "papel histórico".
"Nos jugamos que siga siendo así", advirtió Hernández, insistiendo en la necesidad de fijar como objetivo que, antes de 2030, se destine el 1% del PIB canario a la universidad pública, cantidad que estimó en unos 140 millones de euros adicionales.
Señaló que "alguien podría decir pues esto es mucho dinero, no es mucho dinero para una comunidad a la que le sobra el dinero, no es un problema de recursos", aludiendo a la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones y a la devolución de más de 50 millones en fondos europeos, además de otros 200 millones largos este mismo ejercicio.
"¿Por qué no se invierte estos 140 millones de euros al año y se responde a las reclamaciones de ambos rectores y de la sociedad canaria?", planteó, sosteniendo que esa cantidad permitiría cubrir suministros esenciales y los costes de personal.
Hernández concluyó que el Ejecutivo autonómico "no cree en lo público" y "sí en lo privado" y advirtió de que, con esa orientación política, "no se democratiza" el acceso a los estudios superiores.