El Parlamento de Cantabria ha mostrado este lunes un respaldo unánime a los trabajadores de Nestlé en La Penilla (Santa María de Cayón) y ha rechazado el ERE planteado por la compañía, que prevé 49 despidos en esta planta y 301 en todo el país. Todos los grupos han coincidido en que los beneficios “multimillonarios” de la empresa “no justifican” un ajuste de este calibre, que además “rompería la paz social” en la zona.
Los cuatro grupos con representación en la Cámara (PP, PRC, PSOE y Vox), junto al diputado no adscrito Cristóbal Palacio, han sumado sus votos en el Pleno para sacar adelante una proposición no de ley de los regionalistas. El texto, además de expresar el “apoyo firme” a la plantilla y reconocer su papel en el desarrollo económico y social de Cantabria, insta al Gobierno autonómico (PP) a encabezar una respuesta institucional “firme” que exija a la dirección de Nestlé la retirada de cualquier medida de recorte de empleo que afecte a la fábrica de La Penilla.
La iniciativa reclama que esa posición se articule de forma coordinada entre el Ejecutivo cántabro, el Parlamento, el Gobierno de España y los representantes de los trabajadores, que han seguido el debate desde la tribuna de público.
Durante la sesión, los grupos han subrayado que Nestlé ingresa 97.000 millones de euros anuales y obtuvo en 2025 un beneficio neto superior a 9.800 millones, además de haber acumulado “10.000 horas extra” en el último ejercicio y firmado 25 contratos indefinidos. Son cifras que, a su juicio, evidencian que “no es una empresa en crisis” ni “en declive”.
La diputada del PRC Ana Obregón, también concejala en Santa María de Cayón, ha defendido la PNL preguntándose cómo “una empresa que recibe fondos públicos para modernizarse puede justificar un ERE en una planta rentable, productiva y estratégica”. Ha reclamado al Gobierno de Cantabria y al de España que sean “exigentes” y empleen “todas las herramientas a su alcance” para frenar el ERE, entre ellas condicionar las ayudas al mantenimiento del empleo en La Penilla.
Obregón ha recordado que se trata de “una multinacional líder mundial que obtiene beneficios millonarios y, sin embargo, plantea un ajuste que golpea de lleno a una de las plantas más emblemáticas de Cantabria”. Ha puesto en valor los 120 años de trayectoria de la fábrica, la más antigua de España, que da trabajo a unas 800 personas y es “uno de los grandes pilares industriales” de la comunidad.
Ha remarcado además que la implantación de Nestlé supuso “un cambio profundo que transformó generaciones enteras”, especialmente en la comarca pasiega.
En la misma línea, el diputado del PP Cándido Cobo, alcalde de Selaya, ha advertido de que, tras más de un siglo en el que la planta ha contribuido “decisivamente al desarrollo económico” de la zona, el ERE sería “una losa en la confianza empresarial” hacia la compañía, “un error estratégico de primer nivel y la quiebra de la paz social”.
Cobo ha admitido que, a la vista de los datos económicos, “no estaría en absoluto justificado hoy un ERE y menos de la entidad del anunciado”. Ha reiterado el apoyo a la plantilla tanto desde el Ayuntamiento como desde el Gobierno regional, y ha asegurado que éste está “actuando ya con la rapidez y diligencia que el conflicto requiere”.
“No les dejaremos solos”, ha subrayado, en defensa de la actuación del Ejecutivo frente a las críticas del PSOE, que ha expresado su “preocupación” por la “tibieza” de la presidenta y del consejero de Industria, María José Sáenz de Buruaga y Eduardo Arasti, ante lo que califica de “un atropello”.
“El Gobierno de Cantabria debe decir que es inadmisible”. “Si Nestlé desprecia a los trabajadores cántabros, no puede esperar que el Gobierno de Cantabria les ponga alfombra roja para sus fotos de inversión y de sostenibilidad”, ha avisado la socialista Ana Belén Álvarez, que ha pedido a Arasti que traslade a la multinacional “lo que realmente se respira en la puerta de la fábrica, que es la indignación y el miedo”.
Para Álvarez, Nestlé “está echando un pulso” con un ERE que es “un Excel para ganar más de un 2% en beneficios” a costa de “romper la paz social”, en lugar de cumplir con “las familias que le han hecho multimillonaria”.
Desde Vox han calificado también de “inaceptable que una multinacional que factura 97.000 millones pretenda ahorrar unos pocos euros” mediante estos despidos y han reclamado una auditoría a fondo de todas las ayudas públicas recibidas, al considerar que “no debe destinarse ni un euro más a quien destruye empleo mientras obtiene beneficios récord”.
Al mismo tiempo, la formación ha arremetido contra la “pasividad” del Gobierno regional por haber “permitido que Cantabria sea un infierno fiscal y burocrático” y por haber “aceptado sumisamente a las leyes climáticas” de Pedro Sánchez. “Cada vez que nos le paga una factura eléctrica inflada por su Agenda 2030, el puesto de un cántabro corre peligro”, ha sentenciado la diputada Natividad Pérez.