La diputada del PRC y candidata a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, ha puesto en valor este jueves el papel “esencial” que desempeñan las técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) en la sanidad pública, reclamando que se reconozca plenamente su categoría profesional y que se aproveche la negociación del Estatuto Marco del personal sanitario para proceder a su reclasificación.
Fernández se ha reunido con representantes de la Plataforma Estatal de TCAE, a quienes ha detallado la proposición no de ley que el Grupo Regionalista llevará el lunes al Parlamento de Cantabria. Con esta iniciativa, el PRC busca que se revise la categoría profesional de este colectivo y se promueva su paso del subgrupo C2 al C1, según ha informado la propia formación.
La parlamentaria considera que se trata de una demanda “justa y necesaria”, ya que las TCAE asumen tareas asistenciales y de cuidados que conllevan “una gran responsabilidad y una preparación cada vez más especializada”. “Llevan demasiados años sufriendo una situación injusta”, ha insistido.
En su opinión, el proceso de revisión del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud constituye “una oportunidad importante para que Cantabria se posicione a favor de estas profesionales”, y ha mostrado su confianza en que la PNL reciba el apoyo del conjunto de los grupos con representación en la Cámara autonómica.
La iniciativa parlamentaria reclama al Gobierno de España (PSOE-Sumar) que incorpore la reclasificación profesional de las TCAE y solicita al Ejecutivo cántabro (PP) la elaboración de un informe técnico-jurídico sobre la situación de estas trabajadoras en el Servicio Cántabro de Salud. Además, insta a poner en marcha medidas de reconocimiento profesional y salarial, así como a actualizar las funciones asignadas a estas profesionales dentro de la estructura de la sanidad pública.
Por otro lado, la portavoz de la Plataforma Estatal de TCAE, Marta Barata, ha pedido a las administraciones que “dejen de ignorar” al colectivo y cumplan con la normativa vigente. “Llevamos 19 años mal clasificadas. No estamos pidiendo nada extraordinario, solo que se aplique la ley”, ha subrayado.
Ha alertado también de las repercusiones económicas y laborales derivadas de la falta de reconocimiento de su categoría, tanto en las nóminas como en las futuras pensiones, ya que, según ha explicado, pueden llegar a percibir entre 300 y 500 euros menos al mes.
Ante esta situación, Barata ha avanzado que la plataforma prevé convocar nuevas movilizaciones en los próximos meses para mantener la presión y visibilizar sus reivindicaciones.