La diputada y candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández Viaña, llevará al próximo Pleno del Parlamento una propuesta de resolución para instar al Gobierno cántabro (PP) a que intervenga con el fin de lograr la exclusión de la Comunidad Autónoma del convenio estatal del textil impulsado por la Asociación Retail Textil España (ARTE), siguiendo el mismo modelo aplicado en el País Vasco.
Con esta iniciativa, que se debatirá en la sesión plenaria del martes, la parlamentaria regionalista pretende respaldar las demandas de los trabajadores del sector en Cantabria y asegurar la vigencia del convenio colectivo autonómico, publicado el pasado mes de enero, que recoge “condiciones laborales dignas y acordes a la realidad económica y social cántabra”.
Fernández Viaña ha indicado que la negociación del convenio estatal promovido por ARTE, donde se agrupan las grandes compañías y cadenas de moda, ha provocado “confusión e inquietud” entre los empleados y los representantes sindicales de la Comunidad Autónoma, ante el riesgo de ver recortados los derechos reconocidos en el acuerdo propio, en vigor desde hace apenas unos meses.
Por este motivo, considera imprescindible que el Ejecutivo autonómico “se implique de manera activa” para salvaguardar la singularidad de este marco laboral, “tal como ha hecho el País Vasco”, y evitar que se produzca cualquier merma en las condiciones pactadas recientemente en el convenio regional.
“El mantenimiento de este marco propio resulta fundamental para responder a la realidad del sector en Cantabria con condiciones laborales específicas y adaptadas”, ha remarcado la dirigente del PRC.
Fernández Viaña confía en que su propuesta logre el apoyo del resto de grupos parlamentarios y ha hecho un llamamiento a la “responsabilidad” del Gobierno autonómico para que se sitúe del lado de los más de 4.000 trabajadores cántabros afectados. “No puede permanecer ajeno a la lucha de estos trabajadores”, ha añadido.
A su entender, cualquier convenio que se acuerde a nivel estatal “debe respetar los acuerdos y marcos propios existentes en Cantabria y evitar retrocesos en los derechos laborales consolidados, evitando incertidumbres innecesarias a los afectados”.