El Grupo Parlamentario Popular y el Regionalista han presentado de forma conjunta, por primera vez en lo que va de legislatura, una proposición de Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria “moderna, ágil y participativa” con la que pretenden sustituir la norma vigente desde 1998. La iniciativa busca recortar trámites administrativos, digitalizar los registros y elevar la reserva obligatoria del presupuesto de Obras Públicas hasta el 2% del total, sumando además un 1% específico para actuaciones de rehabilitación paisajística y cultural.
Según han explicado, el texto se ha elaborado a partir de la “escucha activa” a los agentes vinculados a la protección del patrimonio y es resultado de “meses de trabajo y borradores” en los que participó de forma destacada el diputado regionalista Javier López Marcano, fallecido el pasado 2 de abril, siendo esta la última ley en la que intervino.
La proposición fue registrada en el Parlamento de Cantabria la semana pasada y consta de 148 artículos, 27 disposiciones adicionales, 14 disposiciones transitorias y siete disposiciones finales.
PP y PRC pretenden que las asociaciones y entidades dedicadas a la defensa del patrimonio intervengan en las comparecencias parlamentarias y que la tramitación culmine con la aprobación de la ley “a la mayor brevedad posible”.
Así lo han expuesto este miércoles los diputados del PP Juan José Alonso y Miguel Ángel Vargas y del PRC Paula Fernández y Javier López Estrada, en una rueda de prensa en la Cámara regional, donde han detallado el contenido de la futura norma, que emana del acuerdo político entre ambas formaciones para sacar adelante el Presupuesto General de Cantabria de 2026.
Nuevos órganos, categorías y protección del paisaje
Entre las principales novedades figura la creación del Consejo Cántabro de Cultura y Patrimonio, que contará con presencia estable en la gestión y emitirá informes vinculantes; la puesta en marcha del nuevo Archivo Histórico de Cantabria, la Memoria Audiovisual y el Departamento Digital, integrados en una única plataforma; y el reconocimiento, por primera vez, del Patrimonio Industrial y del Patrimonio Científico y Tecnológico dentro de una categoría específica de protección.
La ley incorporará además una categoría reforzada para los Bienes de Interés Cultural (BIC) que se consideren más vulnerables; blindará el patrimonio lingüístico y la toponimia; reforzará la normativa sobre el uso de detectores de metales; establecerá que todo hallazgo arqueológico pase automáticamente al dominio público desde el momento de su descubrimiento, e incluirá la figura del arqueólogo habilitado.
En el ámbito municipal, la norma obligará a los ayuntamientos a elaborar un inventario de caminos rurales, tradicionales e históricos, y reconocerá el paisaje como BIC. Para facilitar el cumplimiento de estas obligaciones, se constituirá una red de técnicos encargados de asesorar y apoyar a las entidades locales en la aplicación de la ley.