El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes una moción que insta al Ejecutivo autonómico del PP a remitir a la Cámara, en un plazo máximo de dos meses, toda la documentación disponible sobre el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) del centro de datos Altamira, previsto entre los municipios de Piélagos y Villaescusa, con una inversión privada proyectada de 3.600 millones de euros.
La iniciativa, registrada por el PRC, ha salido adelante gracias al respaldo del PSOE y Vox, que reclaman “transparencia” en torno a esta actuación, mientras que el grupo popular y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio han votado en contra. Desde el PP, como grupo del Gobierno, se ha defendido que el Ejecutivo está haciendo “todo lo posible para “retener la inversión”.
La moción reclama al Gobierno regional datos detallados sobre el consumo energético del futuro centro de datos, las funciones que asumirá la red eléctrica, el volumen de agua total y potable necesario, el sistema de aprovechamiento del calor residual, así como estimaciones de empleo directo e indirecto y el nivel de cualificación de los puestos que se crearán.
Además, se requiere información sobre la aportación del proyecto a la cohesión territorial, su impacto en la accesibilidad al empleo —incluyendo infraestructuras, transporte y movilidad laboral—, y un análisis del efecto económico esperado tanto en el entorno local como en el conjunto del país, con la justificación de dichos beneficios. También se pide concretar dónde se ubicarán los clientes potenciales, el origen y destino de los datos que se almacenarán o procesarán, y las obligaciones que deberán asumir los operadores de centros de datos contempladas en el PSIR.
El portavoz del PRC, Pedro Hernando, ha denunciado que hasta la fecha “no nos han dado ni un solo dato” y “no hemos visto ni un solo avance” en relación con Altamira, un proyecto que ha llegado a tildar de “ficticio”.
“Estamos ante una crónica de un fracaso anunciado, de una decepción palpable”, ha afirmado Hernando, quien ha recordado que hasta la semana pasada el Gobierno de Cantabria “anunciaba a bombo y platillo el gran proyecto de inversión de esta legislatura”, pero que, a partir de entonces, “ya empezaron a echar varones fuera”, lo que, a su juicio, ha incrementado la “preocupación” en las filas regionalistas.
Hernando ha añadido que en el Informe Anual de Centro de Datos en España, Spain DC 2025, presentado hace apenas un mes por el lobby de los centros de datos españoles, Cantabria no figura en “ninguna” de sus páginas.
“En Cantabria no hay nada”, ha remarcado el portavoz del PRC, que ha avanzado que su grupo registrará una pregunta y una nueva petición de documentación, “no vaya a ser que no se hayan pagado los 10 millones de los terrenos, no vaya a ser que lo que se haya firmado sea una opción de compra y no se hayan pagado íntegramente esos 10 millones”.
El PSOE ha apoyado la moción regionalista, subrayando la necesidad de contar con toda la información antes de tomar decisiones. La diputada Ana Belén Álvarez ha defendido la conveniencia de “disponer de toda la documentación para poder decidir con rigor, con transparencia y con responsabilidad” sobre un proyecto que ha calificado como “estratégico” para el impulso tecnológico, la innovación y la competitividad, y que, según ha dicho, no debe abordarse “desde la opacidad o la falta de datos, la falta de certezas”.
“Estamos hablando de hacer las cosas bien, de tener garantías”, ha insistido Álvarez, para quien “exigir información genera confianza y seguridad jurídica, y eso, lejos de ahuyentar inversiones, las fortalece”.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Socialista considera que respaldar la moción es “una decisión coherente con la transparencia, la responsabilidad pública, sostenibilidad y defensa del interés general”. “Este Parlamento no está para poner obstáculos al progreso, pero tampoco está para firmar cheques en blanco”, ha advertido la diputada.
En términos similares, Vox ha reclamado “transparencia” sobre un Proyecto Singular de Interés Regional que, tras meses de anuncios, consideran bloqueado “en una parálisis térmica y administrativa”.
“Es alarmante ver cómo el Ejecutivo ha pasado de apoderarse del proyecto a 11 meses de anuncios sin avances materiales”, ha criticado la diputada Natividad Fernández, que ha reclamado “que Altamira deje de ser un 'prau' dependiente de un enchufe y un secreto industrial para convertirse en una realidad fiscalizable”.
En su opinión, “la soberanía industrial y nuestros recursos, es decir, el agua y la energía, no pueden sacrificarse ante fondos de inversión sin garantías claras”. Por ello, considera que la documentación que el Parlamento ha pedido recibir en un plazo de dos meses permitirá comprobar “si estamos ante el motor del siglo XXI o ante el mayor fiasco de esta legislatura”.
“PROYECTO SÓLIDO, SOLVENTE Y MADURO”
Frente a las críticas de la oposición, el PP ha defendido la actuación del Ejecutivo autonómico, asegurando que “está haciendo todo lo posible por retener esa inversión”, que considera “importantísima para Cantabria”.
“Todo indica que el proyecto Altamira es un proyecto sólido, solvente y maduro, en el que tanto la Consejería como la empresa, incluso la Universidad de Cantabria, están haciendo todo lo necesario que está en su mano para retener esa inversión importantísima en Cantabria” y “están cumpliendo”.
En esta línea, el diputado popular Alejandro Liz ha reprochado que “el que no está cumpliendo” es el Gobierno central, al que responsabiliza de no proporcionar “la energía suficiente” necesaria para que el proyecto pueda materializarse en los términos previstos.