El Parlamento de Cantabria ha dado luz verde por unanimidad en el Pleno de este lunes a una moción que pide al Gobierno autonómico (PP) que estudie implantar una bonificación fiscal o una deducción en el IRPF ligada al compromiso medioambiental y al reciclaje, con el objetivo de mitigar el incremento de la tasa de basuras derivado de la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
La propuesta plantea una bonificación máxima de 100 euros por contribuyente para quienes puedan acreditar ese compromiso ambiental, en línea con el espíritu de la norma, basada en que “quien más recicla, menos paga”.
La iniciativa, promovida por el PRC, ha prosperado tras incorporarse una enmienda de modificación del PP. En el texto original se reclamaba articular deducciones “de manera inmediata”, mientras que la versión aprobada finalmente establece que se “estudie de manera inmediata el cauce legal para articular” dichas bonificaciones.
El acuerdo también pide al Ejecutivo que firme convenios con los ayuntamientos, la Federación de Municipios, MARE y distintas asociaciones o entidades implicadas, para facilitar actuaciones de carácter medioambiental o de reciclaje que puedan ser certificadas y sirvan para acreditar el compromiso ambiental que dará derecho a las compensaciones.
Vox presentó asimismo una enmienda, que fue rechazada al incluir, entre otros puntos, la derogación de la Ley, algo que, como recordó el PRC, “no corresponde a este Parlamento”.
Desde las filas del PP han justificado su enmienda señalando que la moción inicial “necesitaba alguna precisión” para diseñar la fórmula de bonificación fiscal más adecuada al objetivo de incentivar el reciclaje. Han puesto como ejemplo que “quienes más necesitan esa ayuda” son las familias que no presentan declaración de la renta por sus bajos ingresos y que, por tanto, “no se iban a poder beneficiar” de deducciones en el IRPF.
Pese a respaldar la moción, los 'populares' han insistido en que “no es cierto” que el denominado 'tasazo' de basuras se deba a una imposición directa de la Unión Europea, como sostienen algunos grupos, sino a “la interpretación ideológica de Pedro Sánchez que propone la directiva europea lo que se propone”.
En este sentido, el diputado del PP Juan José Alonso ha reprochado a los regionalistas que intenten ahora “corregir lo que hicieron mal antes”. “No hubiera sido más fácil no haber aprobado el tasazo de Pedro Sánchez”, ha planteado.
Por parte del PRC, Pedro Hernando ha defendido la moción, que plantea mecanismos para compensar el incremento de la tasa que introduce la nueva ley, la cual obliga a que el ciudadano asuma el coste real de la gestión de los residuos, trasladando a sus impuestos lo que hasta ahora soportaban las administraciones. Su planteamiento es que lo que éstas se van a “ahorrar” revierta en quienes más reciclan.
Hernando ha lamentado que “las administraciones han tenido una gran inactividad en todo esto: muy español eso de dejar pasar todos los plazos y cuando llega ya el plazo final, ponerse a ello”, ha ironizado, subrayando que “no se debe perjudicar al vecino que se anime a reciclar”.
En la misma línea, el PSOE ha mostrado su respaldo a que se analicen fórmulas dentro del marco competencial autonómico para aplicar estas bonificaciones, poniendo el foco en que alcancen a las personas con mayor vulnerabilidad económica y teniendo en cuenta factores que podrían dejarles fuera de los beneficios fiscales.
La socialista Ana Belén Álvarez ha abogado por reforzar los incentivos al reciclaje y ha subrayado que la transición ecológica “no puede percibirse como una obligación” sino “como un compromiso compartido”.
Por último, el diputado de Vox Armando Blanco ha censurado que el Gobierno regional vaya a recaudar “16 millones de euros más” con este “pelotazo fiscal”, “sin introducir ninguna medida correctora que lo compense” y “poniendo la excusa de Sánchez”.
“Son una contradicción con patas. Si están de acuerdo en recaudar más por este impuesto, no critiquen a quien les ha dado la herramienta para hacerlo”, ha rematado.