El Grupo Parlamentario Vox ha registrado una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Vivienda de Cantabria al considerar que se trata de un "texto desfasado, poco centrado en la oferta real y con una débil defensa de la propiedad privada", ya que, a su entender, no afronta el fenómeno de la okupación y además "en ningún momento de habla de aumentar la oferta mediante la liberalización del suelo".
Según el grupo, aunque la norma "identifica el problema" de la vivienda, "no es capaz de resolverlo ya que basa su actuación en un diagnóstico equivocado". A modo de ejemplo, apunta a que parte del "error" de asumir que la respuesta pasa por un "modelo intervencionista" de "más regulación, más planificación y más administración".
En esta línea, Vox reclama corregir la "falta de apoyo al sector privado", al entender que el texto se vuelca en la vivienda pública "dejando en un segundo lugar" a la vivienda libre, cuando es esta "la que tiene mayor capacidad de oferta".
El grupo critica igualmente las medidas orientadas a "facilitar la convivencia entre extraños", como el 'coliving' o el 'cohousing', que, a su juicio, están "lejos de facilitar la independencia personal, la emancipación o la posibilidad de crear un entorno familiar adecuado". Por ello, propone suprimir cualquier referencia al impulso de estos modelos "precarios y empobrecedores".
Vox sostiene además que el proyecto no da respuesta al problema de la okupación y advierte de que "la protección de los vulnerables no puede convertirse en excusa para desproteger a las víctimas".
Del mismo modo, considera "decepcionante" que la ley "no ofrece un cambio en la fiscalidad", la cual "puede suponer hasta un sobreprecio de más del 25% que es asumido directamente por el comprador".
Prioridad nacional y refuerzo de la oferta
Entre sus propuestas, Vox defiende un sistema de acceso a la vivienda protegida y al alquiler social basado en el principio de prioridad nacional, que asegure que las viviendas y recursos públicos se asignen de forma preferente a quienes mantienen "un arraigo real, duradero y verificable en el territorio".
En esta dirección, plantea que la concesión de las distintas modalidades de vivienda sometidas a algún tipo de protección quede ligada a la residencia legal, con el objetivo de combatir el "fraude de empadronamiento".
Asimismo, Vox exige que la ley incluya un compromiso "serio" de la Administración regional con el incremento de la oferta de vivienda, mediante una partida específica en los presupuestos autonómicos destinada a su construcción.