El Grupo Parlamentario Popular ha recriminado al Gobierno de Castilla-La Mancha las “más de 2.300 personas” fallecidas en la comunidad “esperando la dependencia”, sosteniendo que esas cifras “deberían avergonzarlo”. Estas palabras han provocado la airada respuesta de la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, que ha acusado a los ‘populares’ de “utilizar a los muertos”.
El enfrentamiento se ha producido durante el debate monográfico sobre dependencia celebrado este jueves en el pleno de las Cortes regionales, a raíz de la iniciativa planteada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre la situación del sistema.
El primero en intervenir ha sido el portavoz de Vox, Francisco Cobo, que ha denunciado que falta “mucha financiación, mucho recurso y, sobre todo, atención”. Ha criticado que el Ejecutivo autonómico, que “presume de haber incrementado el presupuesto para este 2026”, dejara sin ejecutar en el último ejercicio 149 millones en tres programas, “según los datos del estado de ejecución de su sección”.
El diputado de Vox ha afirmado que más de 101.000 personas tienen reconocido el grado de dependencia, pero solo 82.400 reciben efectivamente una prestación, de modo que 19.000 personas con derecho reconocido “no reciben atención”.
“Reconocer un derecho y no hacerlo efectivo no es política social, es maquillaje administrativo”, ha sentenciado Cobo, que considera que el Gobierno castellanomanchego, “ante la incapacidad de responder con servicios profesionales suficientes, ha trasladado el problema a las familias”.
“Esto no es una política moderna, es la externalización silenciosa del fracaso de su sistema”, ha añadido, preguntando además al Ejecutivo si está dispuesto a devolver el “copago” que soportan muchos beneficiarios.
El PP critica el “triunfalismo” del Ejecutivo regional
En nombre del PP, la diputada Tania Andicoberry ha censurado que, tras el “triunfalismo” del Gobierno autonómico, “haya personas dependientes que se cansan de esperar, familias que se agotan, cuidadores que renuncian a su vida para sostener lo que el sistema no sostiene y, lo más grave, personas que mueren sin haber recibido la ayuda a la que tenían derecho”.
“Más de 2.300 personas fallecieron en Castilla-La Mancha esperando la dependencia en Castilla-La Mancha solamente estos últimos dos años. No son números, son personas”, ha subrayado, insistiendo en que son “cifras que deberían avergonzar a cualquier Gobierno”.
Tras apuntar que la situación es inquietante “como dicen los informes oficiales, los profesionales y las entidades sociales”, ha cargado contra la gestión del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, que, a su juicio, “está demostrándose ser deficiente y en un modelo de dependencia 'low cost'”.
En materia de financiación, ha reclamado al PSOE “lealtad institucional” para reclamar al Estado la cofinanciación que corresponde a Castilla-La Mancha, “sin usarla como excusa para tapar la mala gestión, pero exigiendo de forma contundente al Gobierno de España que aporte las cantidades a las que está obligado”.
El PSOE defiende la gestión y reclama más fondos estatales
Por parte del Grupo Socialista, Pablo Camacho ha reivindicado que el dictamen del Observatorio de la Dependencia del 2025 “vuelve a situar en el primer lugar en gestión a Castilla-La Mancha”.
Ha reconocido, no obstante, que para “seguir ofreciendo a la ciudadanía los mejores servicios y los mejores recursos” resulta “imprescindible una financiación justa”, ya que “la financiación del Estado esté lejos del espíritu de la ley”.
Según ha explicado, “Castilla-La Mancha aporta en torno al 70% los recursos, frente al 30% que aporta el Estado, cuando la ley de dependencia establece que debería poner el 50%. Esta situación de infrafinanciación no se puede sostener por más tiempo”. Ha recordado también que PP y PSOE acordaron blindar los servicios sociales y el bienestar social en la reforma del Estatuto de Autonomía, una reforma que, ha dicho, el PP ha paralizado “tras la llamada de Tellado”.
La Junta reivindica que Castilla-La Mancha lidera la dependencia
La consejera de Bienestar Social ha reprochado a la oposición que sostenga “lo mal que va la dependencia” cuando la Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales o el Imserso señalan que “Castilla-La Mancha es líder en toda España en gestión de dependencia”.
Sobre el supuesto “abuso” de la Teleasistencia denunciado por el PP, García Torijano ha precisado que este servicio, uno de los mejor valorados por la población, además de gratuito y universal, solo se presta a 129 de los más de 5.700 grandes dependientes de la comunidad.
A continuación, ha arremetido contra la diputada ‘popular’ por haber recurrido a las personas fallecidas en lista de espera, acusándola de “utilizar a los muertos”.
“Es lo más grave de todo este discurso que he tenido que estar escuchando”, ha lamentado la titular regional de Bienestar Social, que ha defendido que la comunidad es “la comunidad autónoma con mayor número de plazas públicas, con financiación pública en toda España”.
En relación con la aportación estatal al sistema, ha insistido en que “gobierne quien gobierne”, Castilla-La Mancha reclama que el Ejecutivo central contribuya con ese 50% que le corresponde “para poder seguir reforzando el sistema”.
“El presidente Emiliano García-Page se lo dice a quien esté en el Gobierno de España. Ya estén unos o estén otros. Pediría al señor Paco Núñez que lo hiciera así, ya no por su dignidad ni la de su partido, sino por la de los ciudadanos de Castilla-La Mancha”, ha rematado.
Resoluciones enfrentadas de PP, PSOE y Vox
El debate ha concluido con la votación de las propuestas de resolución de los distintos grupos. La del PP, que reclama reducir de forma “urgente” las listas de espera en Dependencia y urge al Gobierno regional a exigir al Ejecutivo central el cumplimiento efectivo de la cofinanciación legal del sistema, “sin utilizar esta reclamación para ocultar deficiencias de gestión ni falta de ejecución del presupuesto autonómico”, ha sido respaldada por Vox, pero finalmente rechazada por la mayoría socialista.
En sentido contrario, la propuesta del Grupo Socialista, aprobada con los votos del PSOE y el rechazo de PP y Vox, incluye, entre otros puntos, continuar las negociaciones con el Gobierno de España para recuperar una financiación justa en dependencia.
PSOE y PP han votado conjuntamente contra el texto de Vox, que pedía al Ejecutivo central reforzar las partidas y agilizar los trámites vinculados a la dependencia, aumentar el gasto público en servicios sociales y sus infraestructuras y destinar más inversión a la mejora de las residencias públicas.