Las Cortes de Castilla y León han respaldado este miércoles por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Socialista que incluye cuatro puntos y reclama a la Junta la anulación “de manera inmediata y de oficio” de todas las liquidaciones individuales giradas a los grandes dependientes de grado III, después de que el Tribunal Supremo dejara sin efecto el Decreto de precios públicos.
La propuesta aprobada exige además a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que, caso por caso, lleve a cabo el reintegro íntegro de las “cantidades indebidamente cobradas” a las personas usuarias, fijando un plazo máximo de seis meses para realizar esas devoluciones.
“Se han equivocado, lo han hecho mal, tienen sentencia, doctrina del Tribunal Supremo, suban aquí y pidan disculpas”, ha reclamado la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, quien ha instado a la Junta a que proceda a la devolución de oficio de los importes cobrados de forma irregular y evite que los dependientes de grado III y sus familias tengan que iniciar reclamaciones judiciales.
“¿Qué pasa, que sólo les sirven las sentencias del juez Peinado?”, ha ironizado la representante socialista, que ha acusado a la Junta de Castilla y León de llevar años “robando sistemáticamente” a las personas más vulnerables y “quitando dinero” a los dependientes de grado III mediante un “copago ilegal sabiendo que era ilegal”, tal y como, ha remarcado, venía advirtiendo el PSOE desde hace tiempo.
En nombre del PP, la procuradora Noemí Rojo ha negado que la Junta de Castilla y León esté obteniendo beneficios a costa de los dependientes y ha garantizado que, cuando se acredite “de manera fehaciente y firme” la existencia de un cobro indebido, la Administración procederá a devolver las cantidades que correspondan “como no puede ser de otra manera”, ha puntualizado.
La parlamentaria popular ha añadido que la Consejería de Familia ha trasladado a las personas afectadas información sobre “de las distintas vías e instrumentos jurídicos” disponibles para que puedan presentar solicitudes y se estudie de forma individualizada cada caso concreto.
Rojo ha subrayado que la resolución del Supremo se comunicó en septiembre y ha defendido que la Consejería reaccionó “de forma inmediata y diligente” al sacar del ámbito de aplicación del Decreto, desde el 1 de septiembre, a los dependientes de grado III.
La procuradora del PP ha indicado igualmente que la Administración autonómica ajustará su actuación al nuevo criterio marcado por el Tribunal Supremo y sustituirá el actual precio público por una tasa que permita un copago ajustado a la legalidad y que deberá aprobarse mediante ley. Hasta que ese cambio normativo se produzca, ha precisado, la Junta “no puede ni va a cobrar importe alguno”.
Desde Vox, María Luisa Calvo ha coincidido en la necesidad de devolver las cantidades percibidas y ha instado a abrir un debate de fondo sobre el modelo “y no un parche”. “No es justo, no es decente, si se ha cobrado mal hay que devolverlo sin excusas y sin marear a los ciudadanos”, ha defendido.
La PNL del PSOE ha contado también con el apoyo del portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, y del procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, quien ha acusado a la Junta de Castilla y León de “engañar y estafar” a los más vulnerables. El representante leonesista, por su parte, ha criticado la “desidia, la falta de transparencia y de diligencia” del Ejecutivo autonómico a la hora de informar y aplicar la sentencia.