QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Las Cortes de Castilla y León, en una sesión plenaria en la que no han contado con el apoyo de PSOE ni de Unidas Podemos, han aprobado una Proposición No de Ley promovida por el PP con la que se insta al Gobierno de España a poner en marcha actuaciones «urgentes» frente a la expansión de la peste porcina africana. El objetivo es blindar un sector considerado «estratégico» para la economía y el empleo en el medio rural de la Comunidad y reforzar la «coordinación» entre administraciones para frenar la transmisión de la enfermedad.
El procurador del PP Óscar Reguera ha defendido la iniciativa recordando que los últimos focos detectados en fauna silvestre en Cataluña representan una «amenaza sanitaria de especial gravedad» para Castilla y León, una región con 4,7 millones de cabezas de porcino, un volumen de negocio de 2.400 millones de euros y que concentra en torno al 13 por ciento de las exportaciones agroalimentarias nacionales.
Según ha explicado Reguera, la PNL reclama reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones, mejorar la coordinación entre las distintas administraciones y aumentar los recursos humanos y materiales de los servicios veterinarios. También aboga por desarrollar políticas «más ambiciosas» de gestión cinegética para controlar la población de jabalíes, señalados como vectores del virus.
El representante ‘popular’ ha puesto en valor que la Junta de Castilla y León ha demostrado «liderazgo» en materia de prevención sanitaria animal, pero ha insistido en la necesidad de una «respuesta coordinada» de todas las instituciones para salvaguardar la sanidad animal, la estabilidad de los mercados y el mantenimiento del empleo en el medio rural.
La propuesta del PP, que ha salido adelante con el respaldo de Vox, UPL-Soria ¡Ya¡ y el procurador de Por Ávila, plantea que el Ejecutivo central disponga «todos los medios necesarios» para evitar la entrada y propagación de la peste porcina africana y habilite fondos extraordinarios para compensar eventuales pérdidas en el sector. El texto también reclama apoyo específico a los servicios veterinarios, la negociación de acuerdos de regionalización que impidan vetos comerciales generalizados y el refuerzo de los controles en frontera y en los puntos de inspección.
Asimismo, la iniciativa pide al Gobierno que impulse ante la Comisión Europea y los mercados internacionales una campaña que subraye la elevada bioseguridad del porcino español y que promueva la creación de una Oficina Europea de Control de Importaciones, destinada a intensificar la vigilancia sanitaria y comercial sobre los productos procedentes de terceros países.
El grupo parlamentario Vox presentó una batería de enmiendas a la PNL, que finalmente no fueron aceptadas por el PP. Óscar Reguera ha señalado que la evolución de los acontecimientos ha «sobrepasado» las propuestas de los de Abascal, aunque estos terminaron respaldando el texto original de los ‘populares’. Aun así, el procurador de Vox José Antonio Palomo ha querido trasladar «tranquilidad y seriedad» ante la detección de focos de la enfermedad en España.
Las enmiendas de Vox perseguían, entre otros fines, reforzar la capacidad de reacción inmediata de la Comunidad y asegurar apoyo directo a los ganaderos si se produjera una crisis sanitaria. Palomo ha recalcado que el sector porcino «está preparado y ha demostrado su capacidad de gestión», pero ha advertido de que «dejar los riesgos para mañana sería una grave imprudencia».
En este contexto, el procurador de Vox ha planteado analizar el impacto potencial de la peste porcina en otros sectores vinculados, como el cereal, y desplegar un plan integral para el control poblacional del jabalí. «La caza no es un problema, es prevención y seguridad sanitaria», ha defendido.
Palomo ha incidido en la necesidad de respaldar el trabajo de ganaderos y veterinarios, incrementando los recursos de los servicios técnicos y endureciendo los controles fronterizos con el fin de impedir la entrada del virus en el territorio nacional. «El campo da todo por esta tierra y esta tierra debe darle seguridad, confianza y futuro», ha remarcado, al tiempo que ha asegurado que las enmiendas de su grupo pretendían «completar y fortalecer» la iniciativa del PP con medidas concretas que plasmaran el compromiso de la Junta con un sector clave para la economía de Castilla y León.
En el turno del Grupo Mixto, el procurador Francisco Igea ha optado por la abstención. En su intervención ha valorado la actuación desarrollada hasta ahora ante la «rápida actuación en el confinamiento de los animales infectados». «Ha sido una medida urgente, eficaz para contener una pandemia que podría haber supuesto una catástrofe económica», ha manifestado.
Desde Soria ¡Ya!, el procurador Ángel Ceña ha expresado la «profunda preocupación» que la peste porcina africana genera en el medio rural y ha pedido una reacción «coordinada y preventiva» frente a una enfermedad con potencial para provocar daños «devastadores» en el sector. «Esta amenaza no es teórica, trae el recuerdo de la crisis que padeció España entre 1960 y 1994, y que tardó más de tres décadas en erradicarse», ha recordado.
Ceña ha admitido que la PNL del PP recoge «cuestiones importantes», pero ha puesto en duda su planteamiento y sus objetivos. «En materia de sanidad animal la Junta tiene amplias competencias, y en esta PNL no se le exige nada. Esto demuestra que lo único que buscan es rédito político», ha criticado.
Además, ha afeado la «falta de previsión» del Ejecutivo autonómico y ha reclamado la convocatoria urgente de la Mesa del Porcino de Castilla y León, que permanece inactiva desde el inicio de la legislatura. Mediante una enmienda de adición, que tampoco ha prosperado, Soria ¡YA! planteaba reactivar este órgano con la presencia de ganaderos, industria cárnica, organizaciones agrarias, sindicatos, expertos y universidades, con el fin de coordinar las políticas de prevención, control sanitario y respuesta ante posibles crisis futuras. «Parece que todo les pilla por sorpresa: los incendios, las inundaciones o la peste porcina, hace falta más previsión y menos improvisación», ha zanjado.
En el último turno, la procuradora del PSOE Virginia Jiménez Campano ha defendido que el Gobierno de España «actúa con rapidez, eficacia y rigor técnico» ante la detección de casos de peste porcina y ha reprochado al PP que intente «trasladar toda la responsabilidad a Madrid» sin asumir las competencias autonómicas en sanidad animal. «España ha confirmado trece positivos en fauna silvestre y ninguno en explotaciones ganaderas, y esa es la mejor noticia dentro de un escenario complejo», ha apuntado.
Jiménez ha enumerado las actuaciones ya puestas en marcha por el Ejecutivo central y ha acusado al PP de «usar las Cortes como una sucursal del Congreso» al exigir medidas que el Gobierno «ya está aplicando», mientras la Junta de Castilla y León «calla ante sus propias obligaciones», entre ellas el refuerzo de los servicios veterinarios, la gestión cinegética o la vigilancia epidemiológica.
La procuradora socialista ha defendido las enmiendas de su grupo a la PNL del PP, igualmente rechazadas, con las que proponían destinar más recursos autonómicos a los servicios veterinarios, poner en marcha campañas informativas dirigidas a ganaderos y cazadores y diseñar un plan sanitario específico para la fauna silvestre que complemente las actuaciones cinegéticas ya existentes.
