El Consejo Consultivo de Castilla y León tramitó y aprobó un total de 552 dictámenes durante el año 2025, mientras que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales dio salida a 263 recursos, de acuerdo con las cifras difundidas este martes por este órgano estatutario.
La mayor parte de los asuntos analizados estuvieron vinculados a la responsabilidad patrimonial, con 425 dictámenes que suponen el 76,99 por ciento del total. Además, se emitieron 52 informes sobre revisiones de oficio, 22 relativos a contratación administrativa y otros 22 vinculados a reglamentos ejecutivos.
En cuanto al detalle por materias, el bloque más voluminoso (193 expedientes) procede de reclamaciones de responsabilidad patrimonial relacionadas con el estado de las vías públicas. A continuación figuran los expedientes vinculados a infraestructuras (56) y los del ámbito sanitario (52). Otras 42 reclamaciones se enmarcan en el ámbito municipal y 34 obedecen a causas diversas.
Por distribución territorial, Valladolid, León, Salamanca y Burgos concentraron el mayor número de solicitudes de dictamen, con 113, 100, 77 y 70, respectivamente. Les siguen Zamora, con 58; Segovia, con 37; Ávila, con 35; Palencia, con 26 y, finalmente, Soria, con 9 peticiones.
El Consultivo precisa que el cómputo de dictámenes asignados a una provincia (525) no coincide con el total anual (552) porque solo se contabilizan los expedientes que tienen origen en una única provincia. Existen 27 asuntos que no pueden adscribirse territorialmente, bien por corresponder a proyectos normativos de la Junta (anteproyectos de ley, reglamentos ejecutivos, etc.), bien por incidir en varias provincias o en el conjunto de la Comunidad.
El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín S. de Vega, ha subrayado la “intensidad” de la actividad desarrollada tanto por el propio Consejo como por el Tribunal Administrativo, encargado de resolver con carácter vinculante los recursos en materia de contratación pública, con evidentes paralelismos con las resoluciones judiciales.
Asimismo, ha remarcado que ambos órganos comparten una misma función esencial de garantía y control de la legalidad, que ejercen mediante el examen y asesoramiento jurídico de la iniciativa normativa de la Junta de Castilla y León, así como mediante la protección de los derechos de los ciudadanos frente a las administraciones por el funcionamiento de los servicios públicos y la resolución de los recursos en contratación pública.
Agustín S. de Vega ha recordado también que el Consultivo está habilitado para emitir dictámenes facultativos cuando sea requerido por el presidente de la Junta, el presidente, los rectores de las universidades públicas o el Pleno de las entidades locales en aquellos asuntos en los que, sin ser preceptivo el dictamen del Consejo, “así lo requiera su especial trascendencia o repercusión”.