La convalidación de la Proposición de Ley de medidas extraordinarias para favorecer la provisión estable y permanente de plazas sanitarias de difícil cobertura y asegurar la atención sanitaria en el Servicio de Salud de Castilla y León será el último gran hito de la XI Legislatura en el pleno de mañana, miércoles 17 de diciembre.
La iniciativa, registrada en mayo de 2024 por los grupos Popular y Vox cuando aún compartían el Gobierno autonómico --la formación de Santiago Abascal abandonó el Ejecutivo en julio de ese año-- llega al tramo final con un respaldo "muy grande" de los grupos de la oposición, que han admitido que no es una norma perfecta, pero sí "un punto de partida importante" que mejora el marco vigente.
La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, avanzó el apoyo del PSOE en la sesión de este miércoles, a la que no llega ninguna enmienda viva de los socialistas, después de haber logrado transaccionar sus propuestas para sacar adelante "una ley muy importante". "Votaremos a favor de esa ley", subrayó la parlamentaria, que aprovechó para marcar distancias con la fallida negociación de la Ley de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género, retirada por la Junta ante la ausencia de consenso.
"Va a ser una buena ley para los ciudadanos", sostuvo el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, David Hierro, quien ironizó con que la última votación de la Legislatura, llamada a ser unánime o, al menos, muy amplia, desmontará el "relato falsario" y la "milonga" de la pinza de manera tajante. "Es una auténtica tontería", reprochó Hierro al PP.
El portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, también confirmó su respaldo al texto al considerar que puede resultar clave para la provincia. "No es la mejor ley posible, pero es un punto de partida importante y mejora la situación actual", señaló el procurador soriano, que destacó que han conseguido incorporar algunas de sus enmiendas, aunque mantienen vivas cerca de quince.
"Si no hay grandes cambios en el debate de esta ley en el Pleno nosotros apoyaremos esta ley porque consideramos que puede ser muy importante para Soria", insistió.
"Va a ser una buena ley", pronosticó igualmente el procurador por Valladolid del Grupo Mixto, Francisco Igea, que confía en que se acepten las enmiendas que mantiene para el debate, con el fin de que los centros con plazas de difícil cobertura sean considerados prioritarios en los planes de necesidades y que los hospitales con este tipo de puestos en un servicio dispongan de una dotación tecnológica equiparable a la de su nivel asistencial.
La votación de esta proposición de ley pondrá fin a un pleno "eminentemente sanitario" en el que el Grupo Popular defenderá dos PNL, entre ellas una para reclamar al Ministerio de Sanidad que retire el borrador del nuevo Estatuto Marco.
El portavoz adjunto del Grupo Popular, Miguel Ángel García Nieto, alertó de que el documento del Ministerio incurre en un "triple error" por ser "técnicamente inviable, jurídicamente inaceptable y económicamente irresponsable", al invadir competencias autonómicas y carecer de memoria económica.
"Estamos al lado de médicos, enfermeras y pacientes. Con la salud no se puede jugar", afirmó el portavoz adjunto del Grupo Popular, que reclamó un diálogo real, consenso "y un estatuto nuevo orientado a mejorar la asistencia sanitaria".
Por su parte, Vox defenderá una PNL para fijar un marco de colaboración entre la Consejería de Sanidad y la Dirección General de la Policía Nacional con el objetivo de ceder datos de personas extranjeras que no estén registradas ni autorizadas como residentes en España y que hayan solicitado la tarjeta sanitaria o documento equivalente emitido por Sacyl.
"Pedimos que aquellos inmigrantes ilegales que acudan a recibir una prestación, una asistencia por parte del Sacyl, el Sacyl comunique a la Policía y al Ministerio del Interior que son personas que se encuentran en situación irregular en España", explicó el portavoz del Grupo Vox, que defendió que se trata de una medida "de sentido común" para saber "cuántos inmigrantes ilegales están utilizando los servicios públicos y, en concreto, los servicios sanitarios".
Hierro cifró en más de 17.000 los inmigrantes ilegales que han recibido atención hospitalaria en Castilla y León y en más de 31.000 los que han sido atendidos en atención primaria en la Comunidad, una cifra que, remarcó, supera la población de la ciudad de Soria.
Finalmente, el Grupo Parlamentario Socialista someterá a debate una iniciativa para que la Junta de Castilla y León dé cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo que declara nulo el decreto por el que el Gobierno de Mañueco ha venido cobrando los servicios esenciales para la autonomía de las personas dependientes de grado 3 y de las personas mayores mediante precios públicos en lugar de a través de una tasa.
"El Tribunal Supremo ha dicho a la Junta que tiene que establecer mediante una tasa el precio de estos servicios esenciales que durante años ha estado cobrando como precio público a nuestros dependientes de grado 3 y, por lo tanto, haciendo negocio", denunció la portavoz socialista en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez.
Tras la Junta de Portavoces celebrada hoy, la portavoz socialista avanzó que el PSOE instará a la Junta a adaptar el decreto a la resolución del Tribunal Supremo y a anular "de manera inmediata y de oficio" todas las liquidaciones individuales giradas por la Gerencia de Servicios Sociales a las personas usuarias clasificadas como dependientes de grado III.
La propuesta reclama, además, que la Junta reintegre la totalidad de las cantidades cobradas indebidamente a las personas usuarias en un plazo máximo de 6 meses. "La Junta de Castilla y León ha hecho negocio con nuestros dependientes. Estos son los dieces de los que presume la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades y el presidente de la Junta de Castilla y León", ironizó en la presentación de la iniciativa.