QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La inminente aprobación de la Proposición de Ley de medidas extraordinarias para impulsar la provisión estable y permanente de puestos sanitarios de difícil cobertura y garantizar la asistencia sanitaria en el Servicio de Salud de Castilla y León servirá como colofón a la XI Legislatura, que celebrará su último pleno del periodo de sesiones y del mandato los días 16 y 17 de diciembre.
La iniciativa legislativa fue registrada en mayo de 2024 por los grupos parlamentarios Popular y Vox, cuando aún compartían el Gobierno de Castilla y León —los de Santiago Abascal abandonaron los ejecutivos autonómicos en julio de ese mismo año— y llega al final de la Legislatura con un respaldo de la oposición calificado como «muy grande». Los grupos han admitido que no se trata de una norma perfecta, pero sí de «un punto de partida importante» que supone un avance respecto a la regulación vigente.
La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha confirmado que su formación votará a favor en el pleno del miércoles, al que el PSOE acude sin enmiendas vivas tras haber logrado transaccionar sus propuestas para sacar adelante «una ley muy importante». «Votaremos a favor de esa ley», ha reiterado la dirigente socialista, que ha querido marcar distancias entre esta negociación y la del proyecto de Ley de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género, retirado por la Junta ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo.
Desde el Grupo Parlamentario Vox, su portavoz, David Hierro, ha defendido igualmente que «va a ser una buena ley para los ciudadanos» y ha ironizado con que la última votación de la Legislatura, que se prevé unánime o, al menos, con un respaldo muy amplio, desmontará el «relato falsario» y la «milonga» de la pinza de forma tajante. «Es una auténtica tontería», ha reprochado Hierro al PP al referirse a esas acusaciones.
El portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, también ha avanzado su apoyo a la proposición de ley y ha subrayado la relevancia que puede tener para la provincia soriana. «No es la mejor ley posible, pero es un punto de partida importante y mejora la situación actual», ha señalado, tras destacar que su grupo ha conseguido incorporar algunas de sus enmiendas, aunque mantiene vivas cerca de quince para la sesión plenaria.
«Si no hay grandes cambios en el debate de esta ley en el Pleno nosotros apoyaremos esta ley porque consideramos que puede ser muy importante para Soria», ha insistido Ceña, que ha puesto el foco en el impacto que la norma puede tener en los territorios con mayores problemas para cubrir plazas sanitarias.
En la misma línea, el procurador por Valladolid en el Grupo Mixto, Francisco Igea, ha pronosticado que «va a ser una buena ley» y ha mostrado su confianza en que se acepten las enmiendas que mantiene vivas para el debate del miércoles. Entre sus propuestas figura que los centros con plazas de difícil cobertura sean considerados prioritarios en la planificación de necesidades de personal y que los hospitales con este tipo de puestos dispongan de una dotación tecnológica equiparable a la de otros centros de su mismo nivel asistencial.
La votación de esta proposición de ley pondrá el punto final a un pleno «eminentemente sanitario» en el que el Grupo Popular llevará dos proposiciones no de ley (PNL), una de ellas dirigida a reclamar al Ministerio de Sanidad la retirada del borrador del nuevo Estatuto Marco.
El portavoz adjunto del Grupo Popular, Miguel Ángel García Nieto, ha alertado de que el documento elaborado por el Ministerio incurre en un «triple error», al ser «técnicamente inviable, jurídicamente inaceptable y económicamente irresponsable», por invadir competencias de las comunidades autónomas y no acompañarse de una memoria económica que respalde su aplicación.
«Estamos al lado de médicos, enfermeras y pacientes. Con la salud no se puede jugar», ha subrayado el portavoz adjunto del Grupo Popular, que ha reclamado un diálogo efectivo, «consenso» y «un estatuto nuevo orientado a mejorar la asistencia sanitaria».
Por su parte, el Grupo Vox defenderá en el mismo pleno una PNL para fijar un marco de colaboración entre la Consejería de Sanidad y la Dirección General de la Policía Nacional con el fin de permitir la cesión de datos de personas extranjeras que no estén registradas ni autorizadas como residentes en España y que hayan solicitado la tarjeta sanitaria o un documento equivalente expedido por Sacyl.
«Pedimos que aquellos inmigrantes ilegales que acudan a recibir una prestación, una asistencia por parte del Sacyl, el Sacyl comunique a la Policía y al Ministerio del Interior que son personas que se encuentran en situación irregular en España», ha explicado el portavoz del Grupo Vox, que ha defendido que se trata de una medida «de sentido común» para conocer «cuántos inmigrantes ilegales están utilizando los servicios públicos y, en concreto, los servicios sanitarios».
Hierro ha situado en más de 17.000 los inmigrantes en situación irregular que han recibido asistencia hospitalaria en Castilla y León y en más de 31.000 los que han sido atendidos en atención primaria en la Comunidad Autónoma, una cifra que, ha recalcado, supera la población de la ciudad de Soria.
En paralelo, el Grupo Parlamentario Socialista llevará al pleno una iniciativa para que la Junta de Castilla y León cumpla la sentencia del Tribunal Supremo «y deje de hacer negocio» con las personas dependientes de Grado III y con las personas mayores. Los socialistas reclaman, además, la presentación de un proyecto de ley que establezca que los servicios esenciales para la autonomía de los dependientes en grado III estén regulados mediante precio público.
Por último, el portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha avanzado que su última pregunta de control al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se centrará en la dieta de 6 euros que concede el Ejecutivo autonómico para la manutención de los desplazados sanitarios y en los 20 euros que abona por noche de alojamiento.
Ceña interpelará a Fernández Mañueco sobre cuánto desembolsó en el último hotel en el que se alojó y pagó de su bolsillo, con el objetivo de poner de manifiesto que resulta «bastante difícil» encontrar en Castilla y León un alojamiento por 20 euros para una madre que deba acompañar a su hijo a un tratamiento oncológico. «Esto tiene que cambiar», ha reclamado el representante soriano.
