El próximo martes, 30 de septiembre, Tomás Quintana expondrá en la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común el informe anual de 2024 del Comisionado de Transparencia de Castilla y León, que registró 546 reclamaciones sobre el derecho de acceso a la información, aumentando en 29 casos respecto al año anterior. Más de la mitad de estas fueron dirigidas a entidades locales.
De acuerdo con el documento registrado en las Cortes el 6 de agosto, 350 de estas reclamaciones, que representan el 64,10%, provinieron de problemas de acceso a la información en entidades locales, incluyendo 289 ayuntamientos, 35 entidades locales menores, 25 diputaciones provinciales y una mancomunidad.
Otras 154 reclamaciones se dirigieron a la Administración General autonómica, 28 a entidades del sector público autonómico como universidades y fundaciones, cinco a colegios profesionales y nueve a otras administraciones. Destaca que 128 reclamaciones de entidades locales fueron presentadas por representantes de las mismas, incluyendo 110 concejales y 18 vocales de juntas vecinales.
El informe también señala que el 72% de las reclamaciones estuvieron motivadas por la falta de una respuesta expresa a las solicitudes de información. Los principales motivos de denegación incluyen la indisponibilidad de la información, la naturaleza repetitiva o abusiva de las peticiones, la necesidad de reelaborar la información y la protección de datos personales.
Las áreas más impugnadas fueron el empleo público, la protección ambiental, la información sobre contrataciones, gestión de recursos y sanidad. En 2024, se emitieron 498 resoluciones por la Comisión de Transparencia, de las cuales 234 fueron estimatorias y 154 reconocieron la desaparición del objeto de reclamación al haberse entregado la información solicitada.
El uso de la tecnología continúa en aumento, con un significantivo incremento de visitas en la web y un 70% de las reclamaciones presentadas electrónicamente. El Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León ha demostrado un alto cumplimiento, aunque se señala la necesidad de mejoras en algunas entidades del sector público autonómico.
En cuanto a la Administración local, existe una división entre las diputaciones y grandes ayuntamientos, que generalmente cumplen la normativa, y los pequeños municipios, donde la falta de recursos impide un adecuado cumplimiento.