El conseller de Justicia de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha valorado de forma muy positiva el acuerdo alcanzado para poner en marcha de manera escalonada la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Judicial en Barcelona, partido judicial que aglutina el 35% de la carga de trabajo de los juzgados de Catalunya.
Durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Parlament este jueves, ha detallado que la tercera fase de aplicación suponía un "gran reto", ya que los 14 partidos judiciales en los que la norma empezó a aplicarse el 31 de diciembre de 2025 concentran el 71,8% de la actividad judicial catalana.
Por este motivo, la conferencia sectorial optó por una implantación paulatina, con especial atención al partido judicial de Barcelona y con fecha tope del 31 de marzo de 2026, una propuesta planteada por la presidenta del Tribunal de Instancia de Barcelona, la magistrada Cristina Ferrando.
En Barcelona, el nuevo modelo ya está operativo en las secciones de mercantil, familia, infancia y adolescencia, así como en la jurisdicción contencioso-administrativa, mientras se continúa el despliegue en los órdenes civil y social.
En el ámbito penal, funcionan ya las áreas de instrucción, penal y vigilancia penitenciaria, menores, violencia sobre la mujer y la sección de violencia sobre la infancia y adolescencia, esta última creada específicamente por la Ley de Eficiencia Judicial.
Espadaler ha subrayado que esta normativa implica una transformación profunda y ambiciosa del sistema judicial, impulsada por la necesidad de modernizar y hacer más eficaz el servicio público de justicia.
Al mismo tiempo, ha admitido que "hay un déficit preocupante" en el uso del catalán, aunque ha remarcado que se están impulsando medidas para reducir la excesiva rotación del personal.
Postura de los grupos parlamentarios
El diputado del PP Pere Lluís Huguet ha reconocido el trabajo del Departamento en la implantación de la ley, pero ha reprochado que se esté llevando a cabo "sin consenso, sin diálogo, sin escuchar a nadie", lo que, a su juicio, ha provocado una situación de caos, y ha calificado de fracaso total los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC).
Por su parte, Isaac Padrós (Junts) ha reclamado un sistema público de indicadores trimestrales, desglosados por partido judicial, que permita medir el tiempo medio de pendencia, una planificación precisa del personal vinculado a las nuevas unidades judiciales y un informe detallado y accesible sobre el impacto real de los MASC.
La diputada de ERC Ana Balsera ha defendido que el catalán sea "un requisito y no un mérito" para el personal funcionario de justicia, y ha recordado a Espadaler que votó a favor de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que le ha preguntado si el Departamento mantiene contactos con el Ministerio de Justicia para impulsar esta posible modificación.
Rafael Villafranca (Vox) ha sostenido que la Ley de Eficiencia Judicial supone un obstáculo añadido para el funcionamiento de los juzgados, que los "ralentiza y entorpece", y la ha descrito como una vía para ocultar el fuerte colapso judicial existente, generando, a su entender, más inseguridad jurídica.
El diputado de la CUP Xavier Pellicer ha considerado que la principal solución para la justicia en Catalunya pasaría por "tener competencias propias", rompiendo con el sistema judicial español, al que ha calificado de "jacobino, centralizado, retrógrado, anticuado y que deja absolutamente fuera cualquier posibilidad de establecer un sistema propio".
La socialista Lídia Ferré ha agradecido al conseller y al conjunto del Departamento el esfuerzo por aplicar la ley frente a los "recelos, dudas y pesimismo" de una parte de los operadores jurídicos y de los comparecientes anteriores en la Comisión, y ha recordado que las encuestas situaban la justicia como la administración peor valorada desde hace años, sin que se hubieran impulsado cambios relevantes.
Espadaler apela al “diálogo” y a las reformas
Espadaler ha defendido que "esta es una buena legislatura para el servicio público de justicia" y ha destacado que el diálogo entre el Ministerio de Justicia y ERC ha hecho posible pactar la creación de 90 nuevas unidades judiciales para Catalunya en 2027.
Asimismo, ha señalado que, "fruto del diálogo" entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), este año se convocarán 500 nuevas plazas judiciales: 375 por el turno libre y 125 por el cuarto turno.
El conseller ha admitido que la justicia no ofrece todavía el funcionamiento deseable: "Teníamos dos opciones, flagelarnos o impulsar reformas; y nosotros hemos escogido el camino de la reforma", ha afirmado, insistiendo en que una transformación de esta envergadura solo es posible con diálogo. Ha añadido que se valoran las críticas constructivas, pero ha advertido de que no es aceptable criticar sin plantear alternativas.