El Parlament ha dado este jueves el visto bueno a la regulación del alquiler de temporada y del arrendamiento de habitaciones al aprobar el proyecto de ley de adopción de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo.
La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha defendido en el hemiciclo el contenido del proyecto de ley, que ha llegado al tramo final de la tramitación con enmiendas presentadas por Junts, PP y Vox, mientras que PSC-Units, ERC y Comuns habían registrado enmiendas conjuntas al dictamen emitido por el Consell de Garanties Estatutàries (CGE), solicitado por Junts y PP.
El CGE avaló la constitucionalidad del proyecto de ley para regular el alquiler de temporada, aunque puso en duda la prórroga automática de las viviendas de protección oficial (VPO) en las denominadas zonas tensionadas.
La norma incorpora medidas en el ámbito de la obra pública, la gestión administrativa, el urbanismo y la vivienda, y modifica la ley del derecho a la vivienda, el texto refundido de la Ley de Urbanismo y la ley de mejora urbana, ambiental y social de barrios y vilas, así como los decretos ley sobre movilización de viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias y sobre medidas urgentes para facilitar el acceso a la vivienda.
La propuesta establece que, en los planeamientos urbanísticos de municipios con una demanda residencial intensa y acreditada, el uso principal de las viviendas sea el de residencia habitual y permanente. Asimismo, regula el alquiler de temporada vinculado a un plan especial que justifique el interés público y social, la idoneidad de la ubicación del alojamiento y que determine las condiciones de acceso y la duración de las estancias.
El proyecto también ordena el alquiler de habitaciones, fijando límites a los precios, de forma que la suma de las rentas acordadas para cada estancia no pueda superar el importe del alquiler del piso completo.
Además, se crea el registro de grandes tenedores, que quedará bajo la responsabilidad de la Agència de l'Habitatge de Catalunya, y una comisión encargada de supervisar los contratos de arrendamiento de vivienda. Igualmente, se reconoce a los inspectores la condición de agentes de la autoridad y se detallan sus competencias.
El texto concreta, por otra parte, el destino de las fianzas depositadas en el Institut Català del Sòl con el objetivo de aumentar los recursos públicos para la promoción de vivienda protegida y amplía los supuestos en los que la administración puede ejercer los derechos de tanteo y retracto.