El Parlament ha reclamado al Ministerio de Defensa que ponga en marcha una investigación sobre posibles “vulneraciones de derechos” vinculadas al servicio militar obligatorio, con el objetivo de aclarar lo sucedido y depurar las responsabilidades oportunas, a raíz del documental de 3Cat 'Et faran un home. Morts silenciades'.
La petición figura en un texto suscrito por el portavoz de Junts, Salvador Vergés; la de ERC, Ester Capella; el de los Comuns, David Cid; y el de la CUP, Dani Cornellà. El documento se ha leído este miércoles durante el pleno de la Cámara catalana, sesión de la que los diputados de Vox se han ausentado antes de la lectura.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, se reclama que, si la investigación confirma dichas vulneraciones, se analicen “medidas de reparación integral para las víctimas y sus familiares, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos”.
La resolución aprobada por el Parlament expresa además su “rechazo a la recuperación del servicio militar obligatorio en España” y reitera el compromiso de la institución con la defensa de los derechos humanos, la memoria, la verdad, la justicia y la dignidad de todas las personas.
Obligación de investigar y reparar
El texto parlamentario subraya que el documental “expone presuntas muertes, maltratos, abusos y vulneraciones sistemáticas de derechos humanos cometidas en cuarteles y unidades del Ejército español, en el contexto del servicio militar obligatorio, así como la necesidad de investigar estos graves hechos denunciados”.
Asimismo, la Cámara recuerda que “los Estados tienen la obligación de investigar de forma efectiva, independiente y con garantías cualquier muerte o vulneración grave de derechos humanos producida bajo custodia militar o en instituciones armadas del Estado, así como asumir responsabilidades institucionales y reparar el daño causado”.
Testimonios de víctimas y familiares
En una rueda de prensa celebrada este miércoles en el Parlament, la directora del programa 'Sense Ficció' de 3Cat —espacio que ha emitido el documental—, Montse Armengou, ha señalado que con este trabajo han “demostrado y puesto luz a los maltratos y abusos perpetrados en el servicio militar obligatorio durante la época democrática”.
También han tomado la palabra varios familiares de personas afectadas que aparecen en la cinta. Entre ellos, Cristina Aymerich, que considera que “el Estado es el responsable” de no haber protegido a estos jóvenes, y reclama la creación de una comisión de investigación en el Congreso para esclarecer los hechos, ya que, según sostiene, las familias quieren conocer la verdad.
El periodista Vicent Partal, que figura en el documental como afectado durante la 'mili' de 1982, ha manifestado que “lo que más choca es el silencio actual por parte del Estado y la negativa de asumir la responsabilidad de lo que pasó”, y sostiene literalmente que se trata de una crueldad inadmisible en un país democrático.
Romper el silencio y exigir responsabilidades
Otro de los intervinientes, Francesc Robelló, familiar de un afectado, considera sorprendente que determinadas formaciones políticas continúen siendo cómplices, en sus palabras, y sostiene que “el silencio forma parte de este crimen”, además de expresar su deseo de poder saber qué ocurrió realmente.
Por su parte, Nacho Galán, uno de los afectados en la 'mili' de 1984 que también participa en el documental, afirma que necesitan “que el Estado reconozca estos daños y hacer todo lo posible para realizar la reparación que se pueda llevar a cabo”.
Finalmente, la familiar de otro afectado, Berta Gómez, recalca que “esto no va de disputas entre partidos, va de dignidad humana” y asegura que seguirán adelante hasta que el asunto llegue a Madrid y, si es necesario, al Tribunal de Derechos Humanos de Europa.