Junts, ERC, Comuns y CUP reclaman que la defensa penal de los Mossos regrese al Gabinet Jurídic Central

Junts, ERC, Comuns y CUP exigen que la defensa penal de los Mossos deje Interior y vuelva al Gabinet Jurídic Central para asegurar independencia jurídica.

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Los grupos parlamentarios de Junts, ERC, Comuns y la CUP han presentado este miércoles en la comisión de Interior y Seguridad Pública del Parlament una propuesta de resolución en la que instan al Govern a que la defensa penal de los integrantes de los Mossos d'Esquadra vuelva a ser asumida por el Gabinet Jurídic Central de la Generalitat.

Recuerdan que en 2021, durante la presidencia de Quim Torra, el Ejecutivo de Junts y ERC llevó a cabo una reestructuración de la Conselleria de Interior que supuso que la defensa penal de los agentes heridos en acto de servicio dejara de tramitarse desde la Direcció General de la Policia y pasara a gestionarse desde el Gabinet Jurídic Central, el órgano que asume las causas en las que se ven implicados empleados públicos de la Generalitat.

Sin embargo, el pasado mes de octubre el actual Govern del PSC aprobó otro decreto de reorganización de la Direcció General de la Policía, con el que recuperó el modelo previo a 2021, de forma que la representación, defensa y asesoramiento jurídico de los agentes volviera a prestarse desde la propia dirección general.

Los grupos que promueven la iniciativa sostienen que es imprescindible revertir con urgencia esta modificación para homogeneizar los criterios en la protección y defensa jurídica de los Mossos y del conjunto del personal público de la Generalitat.

Al mismo tiempo, consideran que mantener la defensa penal en los órganos de dirección de los Mossos puede poner en riesgo la independencia de criterio, dado que la Direcció General de la Policía es una dirección general “de naturaleza política”.

En su propuesta, subrayan que resulta necesario “reforzar y complementar los mecanismos de control ya existentes” sobre la actuación de los agentes de los Mossos d'Esquadra con el fin de salvaguardar a la ciudadanía y a los propios policías, garantizando que se actúa conforme a los principios de calidad democrática, proporcionalidad y eficacia.