Junts tiene previsto registrar en el Parlament una propuesta de resolución para que la Cámara repruebe al Govern, al considerar que su “dependencia del Gobierno conlleva una mala gestión que afecta directamente a la ciudadanía, especialmente a los más vulnerables, y pone en riesgo el ascensor social”.
En una comparecencia ante los medios en la Cámara catalana, el portavoz parlamentario de Junts, Salvador Vergés, ha concretado las iniciativas que defenderán en el pleno monográfico sobre el ascensor social que arrancará este martes por la tarde.
Con el objetivo de reforzar el contrato social, que a su juicio está “roto”, la formación quiere que el Parlament inste al Govern a pactar un nuevo modelo de financiación en formato de concierto económico, aplicable en Catalunya mediante una ley propia y al margen del marco de la Lofca.
Asimismo, solicitan que el Parlament deje constancia de que la Generalitat “debería tener la capacidad de presentar un Presupuesto” para atender las necesidades de la ciudadanía catalana, y plantean una rebaja del IRPF, la supresión del impuesto de Sucesiones y un plan de choque para simplificar la administración y reducir la carga burocrática.
Junts reclama también que la Generalitat negocie con el Gobierno el traspaso de la competencia para fijar un salario mínimo interprofesional catalán, cercano a los 1.400 euros mensuales, así como las competencias necesarias para que el Govern pueda complementar las pensiones en función del diferencial del coste de la vida.
En otro de los puntos, exigen que el Parlament inste al Govern a reorganizar el sistema de ayudas y subsidios “para equilibrar derechos y deberes y priorizar la activación laboral, y garantizar que las prestaciones para personas capacitadas para trabajar sean temporales y vinculadas a la formación y la inserción efectiva”.
“El subsidio debería ser una fórmula transitoria de acompañamiento hasta que aquella persona vuelva a tener trabajo o hasta que aquella persona esté insertada adecuadamente en el mercado laboral”, ha subrayado Vergés.
En materia de vivienda, apuestan por poner en marcha nuevo suelo y reforzar la colaboración público-privada para aumentar el parque de vivienda asequible, mediante el traspaso a la Generalitat de la titularidad de los inmuebles de la Sepes -antes Sareb-, y reclaman además el traspaso de todas las infraestructuras de movilidad situadas en Catalunya que sean, total o parcialmente, de titularidad estatal, como puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles.
Ante la crisis de Rodalies de las últimas semanas, Junts propone que el Parlament deje constancia de que “el déficit fiscal y el déficit de inversiones acumulado a lo largo de los años por parte del Estado en Catalunya pone en riesgo el contrato social: la calidad de los servicios públicos y la equidad del estado del bienestar”.
Inmigración, sanidad y lengua
En otra propuesta de resolución, el grupo emplaza al Govern a reclamar el traspaso de las competencias en inmigración y a diseñar un plan que garantice la cohesión de los 8 millones de habitantes y que tenga como eje principal adaptar los servicios públicos a la realidad demográfica del país”, entre otros objetivos.
En el ámbito sanitario y social, Junts insta al Gobierno a cumplir con el compromiso de financiar el 50% del coste de la Ley de Dependencia y pide que la Generalitat revise la cartera de servicios sociales. Al mismo tiempo, reclama que el Govern defienda y garantice el catalán “como lengua vehicular y de uso normal en la escuela”.