Este martes, Junts ha comunicado que ha llegado a un acuerdo con el Gobierno para implementar una reforma legal que exige el uso del catalán en el servicio de atención al cliente de empresas con más de 250 empleados, una facturación superior a los 50 millones de euros anuales o que ofrezcan servicios básicos de interés general, sin importar su ubicación geográfica.
El anuncio se produce en un contexto donde se está debatiendo un proyecto de ley destinado a regular los servicios de atención al cliente, que actualmente se encuentra en fase de tramitación en el Congreso.
FORMACIÓN OBLIGATORIA
Además, se ha establecido la formación obligatoria en catalán para los trabajadores de atención al cliente en las empresas afectadas. Ahora, estas empresas deberán responder en el idioma en que el cliente se haya dirigido inicialmente. Asimismo, las comunicaciones escritas deberán adaptarse a la lengua solicitada por el cliente. “Estas medidas representan un cambio de paradigma, ya que priorizan el derecho del consumidor a ser atendido en catalán, independientemente de la voluntad de la empresa o su localización”, ha subrayado Junts.
Según el partido de Carles Puigdemont, esta normativa impactará en empresas de diversos sectores como eléctricas, suministros de gas y agua, telecomunicaciones, aeronáuticas, ferroviarias, autobuses, servicios postales, plataformas audiovisuales, servicios financieros y aseguradoras.